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SARMIENTO CLAUDIA CRISTINA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revoca parcialmente la sentencia de grado y confirma en lo demás, en un pronunciamiento que modifica la metodología para calcular las remuneraciones y la actualización de beneficios previsionales, señalando la inconstitucionalidad de ciertas normas y procedimientos, y ordenando al organismo demandado que abone diferencias derivadas de la aplicación de leyes y decretos.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Seguridad social Jurisprudencia csjn Prestacion basica universal Calculo de remuneraciones Leyes previsionales Actualizacion de beneficios Ley 27.426 Normas de movilidad.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La Cámara analiza recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra una sentencia que hizo lugar a la demanda. Se establece que la fecha de adquisición del beneficio del actor es el 16/01/2020, en vigencia de la Ley 24.241 (modificada por la Ley 27.426 y cctes). La demandada apela la actualización de la PBU, la imposición de costas y la exención del impuesto a las ganancias. La actora cuestiona la metodología de actualización del haber inicial, la aplicación del fallo "Villanustre", la regulación de honorarios y reserva derechos respecto a la inconstitucionalidad de normas. La Sala revoca la decisión en aspectos clave y ordena la actualización de la PBU conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 27.426 para remuneraciones devengadas hasta febrero de 2009, y aplicando índices del Alto Tribunal en los cálculos. Se mantiene que las remuneraciones anteriores a marzo de 2009 deben actualizarse por el índice ISBIC dispuesto en autos "Elliff" y "Blanco". La sentencia también declara la inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3) de la Ley 24.463 en ciertos supuestos, y la inaplicabilidad del art. 14 punto 2) de la Resolución SS 6/09. Además, ordena al organismo demandado que abone diferencias surgidas por la movilidad en meses específicos y regula costas y honorarios. La decisión se fundamenta en la protección constitucional del carácter integral de los beneficios previsionales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la necesidad de aplicar índices que eviten efectos confiscatorios y regresivos.

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