DELEU GUSTAVO ADRIAN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la constitucionalidad de la ley 27.609 y la aplicación de la nuevo esquema de movilidad previsional, revocando parcialmente la decisión de primera instancia y estableciendo que las diferencias en la movilidad se abonen únicamente para enero y febrero de 2021. La sentencia sostiene que la modificación normativa busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y que la discusión sobre la constitucionalidad debe diferirse a la etapa de ejecución, en virtud del contexto normativo y la decisión del Poder Ejecutivo de implementar el DNU 274/2024, que ajusta la movilidad a la inflación mediante el IPC, protegiendo el derecho a una subsistencia decorosa y evitando resoluciones fragmentadas.
- Quién demanda: Gustavo Adrian Deleu
¿A quién se demanda?
ANSES
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revisión de la constitucionalidad de leyes y decretos relacionados con la movilidad previsional y reclamo de diferencias en los haberes por la aplicación de esquemas anteriores.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, confirma la constitucionalidad de la ley 27.609 y de los decretos posteriores, y ordena a ANSES pagar las diferencias solo para enero y febrero de 2021. Además, difiere el análisis de inconstitucionalidad de la ley 27.609 para la etapa de ejecución. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia del sistema previsional frente a las reformas normativas en curso, en línea con la jurisprudencia constitucional y la doctrina del máximo tribunal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara recuerda que la Constitución garantiza la movilidad de las jubilaciones y que el legislador tiene la facultad de definir los métodos, siempre que sean razonables y no comprometan derechos fundamentales. Se destaca que la Ley 27.609 fue dictada para modificar la fórmula de movilidad ante la insuficiencia de la anterior, y que el Poder Ejecutivo, mediante decretos y el DNU 274/2024, ha intentado ajustar la normativa a la realidad inflacionaria, procurando proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. La Cámara señala que la inconstitucionalidad de dichas leyes y decretos debe analizarse en la etapa de ejecución, dado que las reformas en curso buscan garantizar la subsistencia digna y la equidad del sistema. La decisión también se fundamenta en la necesidad de evitar resoluciones fragmentadas que puedan afectar la seguridad jurídica y la coherencia del sistema previsional, remitiéndose a la jurisprudencia de la CSJN y a principios constitucionales sobre derechos sociales y protección de los adultos mayores.
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