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QUIROGA, HERIBERTO ENRIQUE c/ CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL Y OTRO s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Cámara Federal de Mendoza modificó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 679/97, ordenando limitar el descuento previsional al 8% del haber del actor, en respuesta a la inconstitucionalidad del aumento del 8% al 11% dispuesto por dicho decreto. La resolución también reguló honorarios y costas, y confirmó la declaración de inconstitucionalidad basada en que el decreto no cumplió con los recaudos constitucionales y que fue dictado sin seguir el cauce ordinario, en contraposición a los fallos de la CSJN.

Costas Honorarios Recursos de apelacion Inconstitucionalidad Corte suprema Decreto de necesidad y urgencia Normativa previsional Ley 22.788 Control de constitucionalidad. Limitacion de descuentos previsionales

¿Qué se resolvió en el fallo?


- Quiroga, Heriberto Enrique, actúa en representación de un personal jubilado de la Policía Federal, demandando la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97.
- La Cámara resolvió que la norma es inconstitucional por no haber cumplido con los requisitos constitucionales y por haber sido dictada mediante un DNU en un ámbito que requiere leyes, confirmando la inconstitucionalidad del decreto y ordenando la limitación del descuento previsional al 8%.
- La sentencia fundamenta que, "los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional...". La Corte Suprema ha ratificado en fallos similares que los decretos de necesidad y urgencia en materia previsional deben cumplir con requisitos constitucionales y seguir el cauce ordinario.
- Se confirma además la regulación de honorarios en base a las pautas del art. 16 y 48 de la ley 27.423, y se imponen costas a las demandadas vencidas.

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