ALVAREZ JOSE BENITO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

- Quién demanda: José Benito Alvarez (Actor)
- A quién se demanda: ANSES
- Qué se reclama: Reajustes diversos en su beneficio previsional y actualización de la PBU
- Qué se resolvió: La Cámara confirmó la sentencia que rechazó las agravios del actor, manteniendo la aplicación de las leyes 27.426, 27.541, 27.609 y sus respectivas disposiciones, y rechazando las impugnaciones relacionadas con índices, movilidad y exenciones fiscales. Fundamentos: La Sala sostiene que la comparación para determinar la confiscatoriedad del haber debe hacerse sobre el total del haber inicial percibido por el beneficiario, incluyendo reajustes si los hubiere, y en caso de no haber sido reajustado, sobre ese haber sin reajuste. La sentencia cita que la jurisprudencia de la Corte Suprema en Fallos 330:4866 y otros precedentes avala esta interpretación. Respecto a la ley 27.426, la Sala concluye que su art. 2º no es aplicable al caso, dado que la fecha de adquisición del beneficio fue anterior a su vigencia, por lo que se descarta la inaplicabilidad de la normativa. Además, señala que la movilidad del haber debe ajustarse a las leyes vigentes al momento de la adquisición del derecho, como la ley 27.426 y sus modificatorias, y que las reformas posteriores no deben afectar retroactivamente. En relación a la aplicación del índice de precios al consumidor (IPC), la Sala recuerda la jurisprudencia que admite la facultad legislativa para determinar los criterios de movilidad y actualización previsional. La demanda de inconstitucionalidad en ese aspecto fue rechazada, pues la misma se basa en una interpretación que contradice los precedentes y la normativa vigente. Sobre la exención del impuesto a las ganancias, la Sala remite a pronunciamientos anteriores que reconocen la vulnerabilidad del sector pasivo y la necesidad de aplicar los principios constitucionales que garantizan la igualdad y protección social. En cuanto a las costas, la Sala las impuso por su orden, conforme al resultado del recurso, y reguló los honorarios del letrado en un 30% de lo que se determine en la instancia de grado.