ARCURI, OSCAR HORACIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, rechazó la redeterminación del haber inicial por aportes en relación de dependencia, diferió el reajuste de la PBU a la etapa de liquidación, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022 y ordenó la actualización trimestral de haberes con fórmula mixta. Además, rechazó cuestionamientos a leyes 27.426 y 27.541 y declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, imponiendo costas a la demandada vencida.
- Quién demanda: Oscar Horacio Arcuri (actor)
¿A quién se demanda?
ANSES
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajuste del haber previsional, redeterminación del haber inicial, revisión de las pautas de movilidad y constitucionalidad de las leyes y decretos que las regulan.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la constitucionalidad del marco legal vigente desde 2012, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, y ordenó una fórmula de actualización trimestral basada en un 50% IPC y 50% RIPTE, desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, excluyendo el incremento extraordinario del 12,5%. Además, rechazó cuestionamientos a leyes 27.426 y 27.541 y declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte sostuvo que la normativa legal en materia de movilidad previsional, incluyendo las leyes 27.609, 27.426, 27.541 y los decretos reglamentarios, cumple con los requisitos constitucionales y que la facultad del Legislativo para determinar la fórmula de movilidad no fue vulnerada. Se argumentó que la fórmula adoptada, aunque sufrió afectaciones por la inflación y la crisis económica, se ajustó a los parámetros constitucionales y que la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022 responde a que esa normativa produjo una depreciación de los haberes, afectando derechos constitucionales y tratados internacionales. La solución propuesta, en línea con jurisprudencia, es aplicar una fórmula mixta que refleje mejor la realidad económica, en lugar de limitarse a la inflación. La Cámara también rechazó las quejas sobre los topes máximos y las costas, y dejó constancia que la judicialización no puede sustituir la función legislativa en definir la fórmula de movilidad.
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