ALSINA ARIANA ABRIL C/ IOMA - MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL S/ AMPARO - APELA SENTENCIA

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Ariana Alsina, demanda en representación de su hija Sarah Morales, solicitando la autorización y renovación de la internación domiciliaria de la menor, que requiere asistencia médica especializada y que se encontraba en el hospital San José de Pergamino. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al IOMA otorgar la autorización para la trámite de internación. La demandada, IOMA, apeló alegando que no hubo acto ilegítimo ni arbitrariedad, y que su actuación fue conforme a los informes administrativos y la existencia de autorizaciones previas, además de señalar que la problemática principal residía en la cuestión edilicia, responsabilidad del municipio de Arrecifes. La Cámara revisó la causa y concluyó que, si bien no se acreditó una denegatoria expresa de la prestación, hubo retrasos en la renovación por parte del organismo, que generaron incertidumbre y perjuicio a la salud de la menor. La Sala determinó que la demandada no actuó con arbitrariedad, pero sí incumplió con una conducta diligente y eficiente, por lo que revoca parcialmente la sentencia y ordena que la institución asuma una actitud más activa en la gestión de la internación domiciliaria, dejando las costas a cargo de la demandada. FUNDAMENTOS: La Cámara analizó el expediente tanto en sus aspectos administrativos como judiciales y constató que, aunque la prestación había sido inicialmente autorizada por acta y expediente, los trámites de renovación se vieron dilatados, en parte por errores en la identificación del expediente y en la gestión interna del organismo. Sin embargo, no se acreditó que la negativa o denegatoria expresa de la internación domiciliaria haya existido, por lo que no puede calificarse la conducta del IOMA como arbitraria o ilegítima, sino más bien como una demora en la gestión administrativa. La jurisprudencia citada recuerda que, en casos de protección de derechos de niños y personas con discapacidad, los órganos públicos deben actuar con celeridad y diligencia, atendiendo a la vulnerabilidad del caso. La sentencia enfatiza que la responsabilidad del organismo de salud no puede limitarse a la simple autorización formal, sino también a la atención efectiva y oportuna, conforme a los derechos constitucionales, internacionales y las leyes específicas que protegen a las personas discapacitadas. Además