VILLARREAL SEBASTIAN GABRIEL C/ CARABAJAL LUIS FABIAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)

El actor, Sebastián Gabriel Villarreal, demanda por daños y perjuicios a Luis Fabián Carabajal, reclamando la restitución de un vehículo Peugeot 307 dominio JJW-780, y la indemnización por daño patrimonial, privación de uso y daño moral, argumentando que es el titular registral y que el demandado retiene el automotor indebidamente, generando perjuicios. La defensa niega la relación jurídica y sostiene que adquirió el vehículo de buena fe, pagando el precio total y que está dispuesto a transferir la propiedad si se le permite hacerlo, alegando que no existen daños ni responsabilidad que justifiquen la indemnización. La sentencia analiza la prueba documental y testimonial, concluyendo que el demandado no acredita derecho alguno para retener el vehículo, que la titularidad del rodado surge del registro, y que la privación de uso y el daño moral se encuentran debidamente probados, por lo que se hace lugar a la demanda y se condena al demandado a pagar $500.000, con intereses desde la mora. La sentencia además descarta la existencia de daño moral, por considerar insuficientes las pruebas aportadas para su estimación. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: "El hecho que aquí se ventila, ha acaecido bajo el amparo de la ley 26.994, y la responsabilidad probatoria recae en la parte que invoca la existencia de un derecho o un hecho constitutivo de la pretensión. La condición de titular registral del rodado resulta de la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor, que es constitutiva del dominio, y no puede emanar de los simples dichos del poseedor o usuario. La prueba documental y testimonial acreditó que Sebastián Villarreal es el titular registral, sin anotaciones que impidan su disposición, y que el demandado no posee derechos que justifiquen su retención del vehículo. La jurisprudencia sostiene que la privación de uso de un vehículo, por un período prolongado, genera un daño que debe ser indemnizado, y en este caso, la privación ha sido probada y no justificada por el demandado. La valoración de la prueba y el análisis del nexo causal permiten concluir que la conducta del demandado ha sido ilícita y responsable de los perjuicios reclamados. La suma de pesos quinientos mil ($500.000) resulta adecuada para compensar el daño material y el daño moral, teniendo en cuenta la privación de uso prolongada y la afectación a los derechos del actor."