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BASCHAR GASTON ORLANDO C/ MARINO Y PILLONI JUAN J. Y OTROS S/ PRESCRIP. ADQUISITIVA DECENAL (DOM. INMUEB.) *EN ETAPA DE MEDIACION*

La Cámara de Necochea revoca la sentencia que hizo lugar a la demanda de usucapión por falta de prueba concluyente de la posesión en cabeza del actor. La decisión se fundamenta en la insuficiencia probatoria de la posesión del cedente y en la valoración de la prueba testimonial y documental, concluyendo que no se acredita el tiempo requerido por ley para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva.

Prescripcion adquisitiva Usucapion Prueba testimonial Derechos reales Prueba documental Actos posesorios Posesion publica y pacifica Revocacion sentencia Costas. Adquisicion del dominio

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Gaston Orlando Baschar, promovió demanda de prescripción adquisitiva sobre un inmueble registrado a nombre de los demandados. La sentencia de grado hizo lugar a la demanda y decretó la adquisición del dominio por prescripción, ordenando la inscripción registral correspondiente. La defensa apelante, representada por el defensor oficial subrogante, cuestiona la valoración de la prueba, especialmente la suficiencia de los actos posesorios y los elementos documentales aportados. Argumenta que la prueba testimonial y documental no acreditan la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por 20 años, requisito legal para la usucapión, y que los comprobantes de pago y fotos no aportan certeza sobre la antigüedad de la posesión. La Cámara analiza rigurosamente la prueba y concluye que no se acreditó la existencia de actos posesorios en cabeza del cedente por el período requerido. La única referencia testimonial indica que Florencio, el cedente, tenía el inmueble desde hacía mucho tiempo, pero no se prueban hechos concretos de posesión por parte del cedente o del actor, ni en el período de 20 años. Además, los comprobantes de pago y las fotografías no aportan prueba suficiente. La falta de prueba concluyente llevó a revocar la sentencia y rechazar la demanda. La Cámara impone costas a la parte actora y difiere la regulación de honorarios.

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