Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la , y no a obtener un pronunciamiento judicial respecto de los actos en los que la norma fuera aplicada. Esto es, no está destinado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particularizadas. La sentencia, en el supuesto de admitirse la demanda, acarrea la “pérdida de vigencia” de la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. No puede confundirse este control concentrado y abstracto de constitucionalidad únicamente a cargo del Tribunal Superior de Justicia con el control difuso reconocido a todos los jueces, que se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas."> MARTIN, AMANDA Y OTROS CONTRA GCBASOBRE AMPARE - IMPUGNACIÓN-INCONSTITUCIONALIDAD Número: EXP6121/2020-0 - Fallos - JurisprudenciaARG Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la , y no a obtener un pronunciamiento judicial respecto de los actos en los que la norma fuera aplicada. Esto es, no está destinado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particularizadas. La sentencia, en el supuesto de admitirse la demanda, acarrea la “pérdida de vigencia” de la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. No puede confundirse este control concentrado y abstracto de constitucionalidad únicamente a cargo del Tribunal Superior de Justicia con el control difuso reconocido a todos los jueces, que se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas."/>Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la , y no a obtener un pronunciamiento judicial respecto de los actos en los que la norma fuera aplicada. Esto es, no está destinado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particularizadas. La sentencia, en el supuesto de admitirse la demanda, acarrea la “pérdida de vigencia” de la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. No puede confundirse este control concentrado y abstracto de constitucionalidad únicamente a cargo del Tribunal Superior de Justicia con el control difuso reconocido a todos los jueces, que se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas."/>

MARTIN, AMANDA Y OTROS CONTRA GCBASOBRE AMPARE - IMPUGNACIÓN-INCONSTITUCIONALIDAD Número: EXP6121/2020-0

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de amparo contra la Resolución 1723/20 del Ministerio de Salud del GCBA, confirmando la sentencia que consideró que la pretensión de inconstitucionalidad de norma general debe canalizarse por la vía de acción declarativa ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que el amparo no es procedente para cuestionamientos abstractos normativos.

Control de constitucionalidad Leyes Caso concreto Vigencia de la ley Alcances Facultades del tribunal superior de justicia Control abstracto Control difuso Control concentrado

Fecha de Sentencia: 29/09/2020

Resumen: La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de amparo contra la Resolución 1723/20 del Ministerio de Salud del GCBA, confirmando la sentencia que consideró que la pretensión de inconstitucionalidad de norma general debe canalizarse por la vía de acción declarativa ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que el amparo no es procedente para cuestionamientos abstractos normativos.

Número de Expediente: 6121-2020-0

Jurisdicción: Local

Tribunal: CÁMARA DE APELACIONES CAYTYRC CABA - SALA III

Provincia: Ciudad de Buenos Aires

Instancia: Cámara de Apelaciones

El control abstracto se encuentra orientado a objetar normas de carácter general que se consideren contrarias a principios y preceptos establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la Constitución Nacional, y no a obtener un pronunciamiento judicial respecto de los actos en los que la norma fuera aplicada. Esto es, no está destinado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particularizadas. La sentencia, en el supuesto de admitirse la demanda, acarrea la “pérdida de vigencia” de la norma, salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. No puede confundirse este control concentrado y abstracto de constitucionalidad únicamente a cargo del Tribunal Superior de Justicia con el control difuso reconocido a todos los jueces, que se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas.

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