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INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS DELGADO, GABRIEL RODOLFO CESAR SOBRE 168 - EXTORSIÓN

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 38 en incidente de competencia por hechos relacionados con extorsión y amenazas en el marco de una causa penal. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia y la valoración de las constancias del expediente.

Extorsion Conflicto negativo de competencia Calificacion legal Amenazas coactivas Penal cont. y faltas / nac. crim. y corr. Competencia criminal y correccional Delito no transferido


- Quién demanda: Gabriel Rodolfo Cesar Delgado

¿A quién se demanda?

N/A (se trata de un incidente de competencia)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Determinar qué juzgado es competente para entender en la causa por hechos de extorsión y amenazas atribuidos a Delgado

¿Qué se resolvió?

Se declara la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 38

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg consideraron que, por los elementos del legajo, el objeto de la investigación y la calificación jurídica que corresponde atribuirle a la conducta del imputado, la competencia radica en la justicia nacional, específicamente en el art. 168 del CP. La intervención de los tribunales nacionales resulta procedente debido a la naturaleza de los hechos y la posible calificación de extorsión o amenazas coactivas. La jueza Alicia E. C. Ruiz remarcó que, según el criterio de la Corte Suprema en “Bazán” (Fallos: 342:509), en conflictos de competencia entre juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Tribunal Superior de Justicia resolver. La mayoría del tribunal aceptó la atribución de competencia del juzgado nacional, respaldada en los fundamentos del Fiscal General Adjunto. El juez Luis F. Lozano coincidió en que las conductas atribuidas encuadrarían en delitos que corresponden a la competencia del juzgado nacional, dado que las amenazas y extorsiones tienen potencial finalidades ilícitas que ameritan su conocimiento.

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