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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en RUIZ JOSE ANTONIO FRANCISCO CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza la queja del GCBA contra la denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad en un caso de relación laboral y reparación indemnizatoria por despido, confirmando la validez del análisis judicial sobre la existencia de vínculo laboral y la aplicación de indemnizaciones.

Fundamentacion del recurso Indemnizacion por despido Falta de fundamentacion Fraude laboral Cuestiones de hecho y prueba Empleo publico Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Cuestion no constitucional Monto de la indemnizacion Regimen de disponibilidad de trabajadores


- Quién demanda: José Antonio Francisco Ruiz.

¿A quién se demanda?

GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de salarios adeudados, indemnización por despido y reconocimiento de relación laboral.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revocó la sentencia de primera instancia y condenó al GCBA a abonar indemnizaciones por doce salarios y un 50% de veintiún salarios, considerando que hubo contratación informal que asignó tareas propias del servicio del hospital durante años. La Cámara interpretó que la contratación, pese a no formalizarse como relación laboral, encuadraba en la normativa de empleo público local y su decreto reglamentario. La Sala III de la Cámara fundamentó que la prueba demostraba tareas permanentes y propias del servicio hospitalario, justificando la aplicación analógica de dichas normas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara señaló que “en la causa se demostraba que el Gobierno había recurrido a una contratación informal mediante la cual asignó al actor durante años tareas propias y permanentes del servicio del hospital”, y por ello “entendieron que le correspondía una indemnización compuesta por doce salarios y otra del 50% de veintiún salarios, en aplicación analógica de la ley de empleo público local y del decreto 2182/2003”. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando que la sentencia era arbitraria, violatoria del debido proceso, la legalidad y la defensa en juicio, y que invadía la esfera de la Administración, pues la indemnización se fijó en base a normas de empleo público sin existir relación laboral. La Sala denegó el recurso, considerando que no se planteaba un caso constitucional ni se demostraba arbitrariedad. La fundamentación sostuvo que “las cuestiones que el GCBA pretende poner a consideración de este Tribunal no se dirigen a rebatir los motivos que fundaron la denegatoria de dicho recurso, sino que remiten a la valoración de los hechos y su prueba, y a la interpretación del derecho infraconstitucional involucrado en autos, materia ajena a la instancia que pretende.” Además, la mayoría de los jueces expresaron que los agravios remitían a cuestiones de hecho y prueba, y que no se configuraba un supuesto de arbitrariedad de sentencia. La queja fue rechazada por insuficiencia argumental y por no evidenciar un caso constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal. El Tribunal concluyó que “la queja interpuesta por el GCBA debe ser rechazada” y

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