IDGF Y OTRA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN IDGF Y OTRA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora en un proceso de amparo por derecho a la vivienda, confirmando la validez de la resolución de primera instancia y la ley aplicable.
- Quién demanda: IDGF y LAPFI, en representación de su hija menor LAPFI, por derecho propio.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La protección efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada, y la impugnación de la sentencia que limitó la asistencia social a la familia.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó la queja por considerar que no se configuraba un caso constitucional, y que los planteos de la parte actora se basaban en cuestionamientos de hechos y derechos infraconstitucionales, además de que la presentación de un certificado de discapacidad posterior no modificaba la decisión. La mayoría de los jueces entendieron que no se vulneraron derechos constitucionales y que la sentencia cumplió con los requisitos legales y constitucionales, rechazando la queja. La jueza Langhe, en disidencia, consideró que la situación de la actora implicaba una vulneración de derechos constitucionales, y que la sentencia debía ser revocada para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, atendiendo a la situación de discapacidad certificada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El juez Lozano sostuvo que los planteos de la actora no cuestionaban la validez de la ley 4036 ni la doctrina jurisprudencial, y que la alegación de equiparar enfermedades a discapacidad no había sido planteada en los términos adecuados en la instancia de mérito. Además, remarcó que las sentencias en procesos de protección de derechos sociales deben adecuarse a las circunstancias de hecho existentes al momento del fallo. La mayoría de los jueces rechazaron la queja por considerar que los agravios eran de hecho y derecho infraconstitucional, y que no existía una vulneración constitucional. La jueza Langhe, en cambio, argumentó que la incorporación posterior de un certificado de discapacidad demostraba la vulnerabilidad de la familia y que la sentencia debía ajustarse a la protección de derechos humanos, especialmente en casos de grupos vulnerables.
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