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INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS ROMANELLI, ADOLFO SOBRE 53 - HOSTIGAR, INTIMIDAR (ART. 52 SEGÃsN LEY 6128)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró competente al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 para tramitar un incidente de incompetencia en un caso de hostigamiento y medidas de protección. La decisión se fundamentó en la competencia del fuero penal y la jurisprudencia Bazán para resolver conflictos entre magistrados de jurisdicción local.

Hostigamiento Medidas cautelares Medidas de proteccion Conflicto negativo de competencia Archivo de las actuaciones Prohibicion de contacto Restriccion de acercamiento Competencia penal, contravencional y de faltas Ley de proteccion integral de las mujeres Penal cont. y faltas / nac. civil


- Quién demanda: La fiscalía local, en representación de la víctima.

¿A quién se demanda?

La justicia civil y penal en sus respectivos ámbitos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La competencia para tramitar un incidente de incompetencia en un caso de hostigamiento y medidas de protección.

¿Qué se resolvió?

Se declara competente al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, remitiendo el incidente a dicha jurisdicción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La jueza Alicia E. C. Ruiz, siguiendo el criterio de la CSJN en "Bazán" (Fallos: 342:509), sostuvo que cuando la contienda se produce entre magistrados con competencia no federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el Tribunal Superior de Justicia quien debe resolver. La mayoría del Tribunal coincidió en que la competencia corresponde al fuero penal, dado que las medidas de protección y la investigación inicial se tramitaron en esa jurisdicción, además de que la naturaleza de las medidas de protección previstas en la ley n° 26.485 difiere de las acciones patrimoniales. La intervención del Fiscal General Adjunto también apoyó la competencia del fuero penal, al señalar que las medidas precautorias y protección son de carácter urgente y deben ser resueltas por el tribunal correspondiente en la materia. La decisión se fundamenta en la importancia de brindar una respuesta efectiva en casos que involucran violencia de género y protección de derechos, específicamente en la etapa inicial de investigación y medidas cautelares.

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