GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GLATSMAN, HERNAN CARLOS Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - GENERICO

- Quién demanda: GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

¿A quién se demanda?

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (por la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La nulidad de la sentencia que confirmó la nulidad de las Disposiciones 1558/DGIUR/2013 y 604/DGIUR/2014, así como de la resolución 46/SECPLAN/2015, relacionadas con autorizaciones urbanísticas y permisos de obra en el inmueble de la calle Amenábar 34/66/72/88 y Dorrego 2106, en el marco del amparo promovido por vecinos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de apelaciones rechazó los recursos del GCBA y confirmó la nulidad de las actos administrativos cuestionados; la Sala Superior, en revisión, sostuvo que los agravios del GCBA no lograron demostrar arbitrariedad o violación constitucional, y rechazó la queja.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Sala III de la Cámara de Apelaciones detectó vicios en la competencia para emitir las disposiciones 1558/2013 y 604/2014, y cuestionó su validez por carecer de intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental y por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental. La sentencia de grado declaró la nulidad de dichas disposiciones por violar el equilibrio institucional y por emitirse en órganos incompetentes, además de ordenar la construcción de una pared medianera y la inscripción en el Registro de la Propiedad para salvaguardar la capacidad constructiva. La Cámara de apelaciones también consideró que la remisión a la justicia penal para investigar posibles delitos no causa gravamen irreparable, y que las disposiciones no tenían un impacto actual, dado que las circunstancias se modificaron tras la reunificación de parcelas y la aprobación de nuevos planos. La queja del GCBA fue considerada inadmisible, ya que no logró demostrar que la resolución atacada fuera arbitraria o que vulnerara derechos constitucionales, limitándose a expresar desacuerdo con la interpretación de la normativa infraconstitucional por parte de la Cámara. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad no ampara errores de interpretación, sino casos en los que hay deficiencias lógicas o ausencia de fundamentos que hagan ilegítimo el fallo. La Sala Superior concluyó que no se acreditan violaciones constitucionales ni arbitrariedad en la decisión de la Cámara,