GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en VETTI, LAURA FABIANA CONTRA GCBA SOBRE RECURSO DIRECTO DE REVISION POR CESANTIAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PUBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)

- Quién demanda: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

¿A quién se demanda?

Tribunal superior de justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso extraordinario federal contra la sentencia que rechazó su queja en un recurso de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos.

¿Qué se resolvió?

Se denegó el recurso por no suscitar cuestiones federales, dado que la controversia versa sobre interpretación de normativa local y no involucra una cuestión federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso interpuesto por la parte demandada debe ser denegado porque no plantea una cuestión que suscite la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del art. 14 de la ley 48. En efecto, el recurrente no demuestra que lo decidido por este Tribunal, por mayoría, involucre cuestiones federales. Las objeciones del GCBA aluden de manera genérica a diversas disposiciones de la Constitución Nacional sin articularlas con el fallo que se pretende impugnar." Además, se destacó que: "El conocimiento y decisión de cuestiones relativas al derecho público local resulta ajeno a la jurisdicción de la CSJN, dado el respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas." La jurisprudencia citada respalda que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la ‘sentencia fundada en ley’." La gravedad institucional alegada por el GCBA no justifica la apertura del recurso, ya que no se ha demostrado que la decisión afecte intereses colectivos, sino que se limita a cuestiones de interpretación normativa local.