GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GRECO MARIA DEL CARMEN y otros CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES)

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La parte actora, representada por María Silvina Marengo, solicitó la regulación de honorarios por la labor profesional en la contestación del recurso de inconstitucionalidad denegado en la sentencia del 26-04-2023.
- La abogada realizó tareas posteriores a la sentencia definitiva en un expediente de empleo público local, vinculadas a la defensa en una incidencia sobre el rechazo del recurso.
- La Cámara de Apelaciones, considerando las normas arancelarias, la importancia, mérito, novedad, complejidad y eficacia de la labor, reguló los honorarios en 5 UMA, con un adicional del 50% por su función de apoderada, más IVA si fuera pertinente.
- La jueza Marcela De Langhe, en su voto, coincidió en que la regulación de honorarios se ajusta a los parámetros establecidos y que los montos en UMA resultan acordes a los valores vigentes, elevando la suma a 20 UMA por las actuaciones en la segunda instancia, pero consideró que el máximo porcentaje del 30-40% del honorario en primera instancia, aplicado a esa base, resulta inferior al mínimo de 20 UMA establecido por ley, por lo que fijó en 20 UMA más el 50% por su labor de apoderada, más IVA si corresponde.
- El juez Luis Francisco Lozano remarcó que la cuestión es similar a otra resuelta en su voto, y que en este caso la regulación es de 7,5 UMA por la contestación del recurso extraordinario federal.
- La jueza Alicia E. C. Ruiz destacó que, conforme a la ley 5134, en una segunda instancia, los honorarios deben fijarse entre el 30% y 40% del monto en primera instancia, que en este caso alcanzó los 762.918 pesos, equivalentes a 20 UMA, monto que se fijó en esa suma, más el 50% por función de apoderada, más IVA si fuera pertinente.
- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, reguló los honorarios de María Silvina Marengo en 7,5 UMA por su actuación en la contestación del recurso federal, más el 50% por su función de apoderada, y ordenó su registro, notificación y remisión de las actuaciones.