GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en RODRIGUEZ, ADRIANA ALEJANDRA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

¿Quién es el actor?

Adriana Alejandra Rodríguez, en calidad de madre del fallecido Matías Emanuel Carbonell.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de nulidad del acto administrativo IF-2017-28881985-DGSUM, que rechazó su recurso jerárquico, y que se la reconozca como parte en el sumario disciplinario 163/14, vinculado a la muerte de su hijo en el Hospital “José T. Borda”.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo, por mayoría, declaró desierto el recurso del GCBA y confirmó la nulidad del acto administrativo, además de reconocer a la actora en calidad de parte en el sumario, ordenando su notificación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó esa decisión, considerando que la participación de terceros en procedimientos disciplinarios es incompatible con la normativa y principios del proceso, y que la participación de la actora en ese sumario no se justificaba por su interés legítimo en los términos del reglamento aplicable. Además, revocó la declaración de nulidad del acto administrativo y la incorporación de la actora como parte, reafirmando que los procedimientos disciplinarios tienen un carácter restrictivo y que la participación de terceros requiere un interés directo y legítimo, lo cual no se acreditó en el caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal resaltó que la normativa local (Decreto 3360/1968) y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen que la participación en sumarios administrativos está limitada a los agentes investigados y al órgano de la administración que conduce el procedimiento, pues su finalidad es la investigación de hechos que afectan la relación laboral. La participación de un tercero, en este caso la madre del fallecido, sin un interés directo y legítimo, constituye una intromisión en funciones propias de la administración y una vulneración del principio de división de poderes. Además, se señaló que la ley de acceso a la información pública no habilitaba a la actora a ser parte del sumario, sino a solicitar información, y que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 3360/68 fue declarada abstracta por la Cámara. La sentencia mayoritaria revocó la declaración de nulidad y ordenó que se notifique a la actora en el sumario, pero que su participación fuera limitada a los derechos que le corresponden como interesada en la vía judicial