OTTONE DANIEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL-MRIO.DE DEFENSA-EJERCITO ARGENTINO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La parte actora demandó por la asignación de la pensión de guerra prevista por la ley 23.848 y sus reformas, alegando que sus servicios en el ejército durante el conflicto de Malvinas justificaban tal beneficio.
- La demandada, en cambio, sostuvo que los actores no acreditaron participación efectiva en el teatro de operaciones del Atlántico Sur ni ingreso en combate, y que la legislación limita expresamente el beneficio a quienes cumplen con requisitos geográficos y de tareas específicas.
- La Cámara analizó las pruebas documentales y testimoniales, concluyendo que los actores no demostraron haber estado en las zonas delimitadas por la ley, ni haber intervenido en acciones bélicas o en áreas consideradas de riesgo de combate. Además, la jurisprudencia citada (precedente “Gerez”) refuerza la necesidad de acreditar tales circunstancias para acceder a la pensión.
- La sentencia señala que “de la prueba producida en autos no se advierte que medien presupuestos suficientes para apartarse de los términos de la norma que instituyó la pensión de guerra, declarando que sus disposiciones, en el caso del actor, contrarían expresas disposiciones constitucionales”.
- En consecuencia, se confirma la decisión de primera instancia que rechazó la demanda, manteniendo la limitación legal que excluye a quienes no acreditaron ingreso en combate o participación efectiva en las zonas del conflicto.