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REALE CARLOS ANTONIO Y OTROS c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirma la sentencia que rechazó la demanda de los actores contra la reducción del porcentaje del suplemento por antigüedad de servicios dispuesto por el Decreto 586/19 y la Resolución 607/19, sosteniendo que no hubo merma en los haberes totales ni lesión de derechos constitucionales.

Recurso de apelacion Derecho previsional Derechos adquiridos Suplemento por antiguedad Politica salarial Reduccion de beneficios Ley 21.965 Ley 20.416 Sentencia confirmada. Danos economicos

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, en este caso, los ex empleados del Servicio Penitenciario Federal, demandaron la nulidad del Decreto 586/19 y la Resolución 607/19, argumentando que la reducción del suplemento por antigüedad del 2% al 0,5% del haber mensual por año de servicio generó una merma en sus haberes, equivalente al 75%, afectando sus derechos adquiridos y sumas bonificables. La demandada sostuvo que la disminución responde a decisiones de política salarial del Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades, y que no hubo daño económico efectivo en la suma total percibida por los actores. El tribunal consideró que, si bien el porcentaje del suplemento fue reducido, ello no implicó una pérdida en los haberes totales de retiro de los actores, ya que la estructura salarial del Servicio Penitenciario Federal, en su nuevo régimen, produjo una mejora sustancial en sus haberes desde septiembre de 2019. Además, se citó la doctrina de Fallos 308:2246 y 311:2128, que establece que las decisiones de política salarial, adoptadas en función de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, no son revisables judicialmente en cuanto a su legitimidad, salvo que lesionen derechos constitucionales o principios supralegales. El tribunal concluyó que no se acreditó el perjuicio efectivo ni la lesión de derechos constitucionales, por lo que confirmó la sentencia de grado y rechazó la demanda. Las costas de ambas instancias se impusieron por su orden, y se reguló honorarios en conformidad con las normas aplicables.

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