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CASTAÑO MARCELO PEDRO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revoca parcialmente la sentencia y decide confirmar en parte la resolución de primera instancia, ajustándose a los fundamentos jurídicos y consideraciones sobre las actualizaciones y movilidad de las jubilaciones, ratificando los criterios legales aplicables y la constitucionalidad de las disposiciones vigentes.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Seguridad social Constitucionalidad Jubilaciones Liquidacion de prestaciones Movilidad previsional Actualizacion de beneficios Ley 27.609 Ley 24.241 Ley 27.426

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa involucra a Castaño Marcelo Pedro contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en reclamo de reajustes varios y actualización de su beneficio previsional, cuya adquisición del derecho se produjo el 17/10/2020. El tribunal revisó los agravios sobre la actualización de la PBU, la aplicación del índice combinado, y la constitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.609, entre otros aspectos. La sentencia de primera instancia fue parcialmente revocada para ajustar ciertos aspectos a los precedentes y a la normativa vigente. La Cámara ratificó que la ley 27.426, vigente al momento de la adquisición del beneficio, establece el índice de actualización aplicable, y que las modificaciones posteriores, como la ley 27.609, no afectan retroactivamente la situación del beneficiario. Además, se sostuvo que las políticas de movilidad y actualización de salarios deben respetar los parámetros legales y constitucionales, y que la jurisprudencia ha consolidado los límites a la discrecionalidad del Estado en estos aspectos. La Cámara también abordó cuestiones relativas a la inconstitucionalidad de ciertos topes y límites, y a la protección del patrimonio del beneficiario. La decisión final fue que se debe ajustar la liquidación del beneficio en línea con las leyes y principios constitucionales, confirmando la validez de las disposiciones legales en vigor, y rechazando los planteos de inconstitucionalidad planteados por las partes. La decisión también incluye la imposición de costas en la instancia de alzada y regula los honorarios profesionales en un 30% de lo que se regule en la etapa de ejecución.

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