TILLERIA OSVALDO DANIEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

Quién demanda: Osvaldo Daniel Tilleria

¿A quién se demanda?

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste de beneficios previsionales, actualización de la PBU y revisión de parámetros de movilidad y recálculo de la prestación.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revoca parcialmente la sentencia en los aspectos cuestionados, confirmando la constitucionalidad de las normas aplicadas y estableciendo que la actualización de las prestaciones debe hacerse conforme a los índices y parámetros legales vigentes al momento de la adquisición del derecho. Además, se impusieron las costas por su orden en la alzada. Fundamentos principales: "Considerando, además, que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones o razones aducidas, ponderando una por una y exhaustivamente, sino solo aquellas que guarden relación con lo decidido y que se consideren esenciales y decisivas para fundar sus conclusiones y llegar a la justa dilucidación del litigio. (Fallos 300:535, 302:253, entre muchos otros). Con respecto a la actualización de la PBU, cabe tener presente lo decidido por la Corte en los precedentes “Quiroga, Carlos Alberto”, “Sandoval, Norma Mabel c/ ANSeS” y “Pichersky, Alberto Raúl c/ A.N.Se.S”, donde concluyó que debía considerarse qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio, análisis que debe hacerse en la etapa de ejecución de sentencia. En relación a la ley 27.426, la Sala estableció que, dado que la ley entró en vigencia después de la adquisición del derecho, no es aplicable al caso, y que la actualización debe hacerse conforme a los parámetros legales vigentes al momento del otorgamiento del beneficio. La normativa de emergencia, en particular la ley 27.541, fue considerada constitucional, y su aplicación se mantiene. Se analizó también la ley 27.609, que sustituyó la movilidad desde su vigencia, y se concluyó que no procede su aplicación retroactiva a la fecha de adquisición del derecho del actor. Respecto a la constitucionalidad de las normas del art. 9 y 25 de la ley 24.241, la Sala sostuvo que no resultan irrazonables, ya que protegen el esfuerzo contributivo y no generan subsidios indebidos, y que