JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Zambrano, Cevero R y otros c/ Dipas - Ordinario

Los actores Zambrano y González reclamaron por daños materiales y se discutió la regulación de honorarios del letrado de la parte demandada. La Cámara hizo lugar a la apelación y fijó la regulación a favor del abogado apelante en $1.956,92 más intereses desde las fechas señaladas, declarando el crédito de exclusiva titularidad del letrado y sin costas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-592
Honorarios Regulacion Ley 8226 Intereses compensatorios Procurador del tesoro Representacion del estado Costas Danos materiales Camara civil cordoba Apelacion.

¿Quién es el actor?

Zambrano Cevero R. y Otros (actores demandantes).

¿A quién se demanda?

DIPAS / Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (representada por procurador y otros letrados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de resarcimiento por daños materiales (cuantificación del pleito y costas parciales), y regulación de honorarios profesionales derivados de la condena en costas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación y se modificó el decisorio en cuanto fue motivo de agravio, estableciendo la regulación impugnada en la suma de $1.956,92, más intereses a las tasas y desde las fechas indicadas en los considerandos, disponiéndose que dicho crédito es de titularidad exclusiva del abogado apelante; sin costas (art. 107, ley 8226).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3) Se plantea el tema en cuanto a si representantes del Estado o de sus entidades autárquicas tienen o no derecho a percibir honorarios, en caso de vencimiento del o de los adversarios en el litigio, contra éstos. Específicamente, si tal derecho existe en la hipótesis de funcionarios que reciben una retribución periódica, por asesoramiento o representación (art. 10, ley 8226) y no han sido ellos quienes se han encargado de la defensa sino que la han concretado otros profesionales. ... Ya hemos anticipado nuestra opinión negativa: no basta ser abogado ni representar a una persona jurídica de carácter público o privado, sino que es menester actuar en el juicio en aquel primer carácter para adquirir derecho regulatorio contra el adversario, en correlación con el vencimiento de éste. La negación se refuerza cuando hay otros abogados que sí concretan dicha labor profesional. En la especie, las anteriores conclusiones se refuerzan atento que sólo el Dr. Hugo Vaca Narvaja actuó inicialmente como apoderado y letrado de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento ... Dado que en dicha oportunidad no existía derecho regulatorio de letrado alguno, como representante o asistente de la accionada, contra ninguno de los actores, al Dr. Vaca Narvaja no le asistía gravamen que lo constriñese a recurrir el pronunciamiento. Esa oportunidad recién se configuró a partir de la sentencia de Cámara (fs. 193/199) ... Por ende, el derecho a retribución de honorarios por trabajos de primera instancia, que devengaron costas parciales en contra de determinados actores, es exclusivo del apelante."

"5) Por análogos motivos, debe prescindirse de los intereses que derivan de los fallos emitidos, sino que procede atender a los peticionados por los actores, condenados parcialmente a la asunción de costas, tanto en cuanto a su tasa como a la fecha inicial del cálculo: según demanda (no corregida en el alegato) 1% nominal mensual con más la tasa pasiva del Banco Central, desde la fecha del hecho lesivo que allí está registrado como 16 de marzo de 1994. ... No puede pretender el apelante que la base siga redimensionándose más allá de la oportunidad en que quedó definida, coherentemente con las constancias objetivas de autos."

"6) El art. 33 de la ley 8226 establece el débito de intereses compensatorios de honorarios desde la regulación de primera instancia. Pero ello debe interpretarse en tanto y en cuanto haya sido en aquella sede donde fueron liquidados o fijadas sus bases. Tal no resulta de autos, donde las pautas regulatorias y hasta la base económica (entendida en concordancia con los preceptos arancelarios) derivan de la sentencia de alzada dictada el primero de junio de 2000 (fs. 193 y ss.). Tal debe ser el punto de arranque de los mentados intereses. ... Dentro de tal orden de ideas se ha dicho: 'Teniendo o debiendo tener certeza el deudor acerca de la existencia y legitimidad de la obligación, puede consignar la parte de ésta que considere adeudar, pero no puede prevalecerse de la iliquidez de aquélla para retener un capital que no le pertenece y que está devengando frutos.' Respecto de tales intereses, es receptable el argumento del apelante en cuanto, a partir del 6 de enero de 2002 y en congruencia con doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia, se calculen en el 2% nominal mensual adicionado a la tasa pasiva del Banco Central, y hasta el efectivo pago. Con anterioridad, y desde la fecha de la sentencia de alzada, aplicando el mismo interés peticionado en la demanda (1% nominal mensual, con más dicha tasa pasiva)."

(No hubo voto en disidencia relevante consignado en la parte resolutiva; la decisión fue colegiada y se expresa en la PARTE RESOLUTIVA final.)

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