Paez, José Luis c/ Fernández, Alicia Rita - ejecutivo
El actor promovió ejecución de pagarés en dólares solicitando el cobro en la moneda pactada y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.561 y el decreto 214/02. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la pesificación de las obligaciones en la relación $1 = u$s1 con aplicación del CER, por considerar constitucionales y razonables las normas de emergencia en el contexto económico vigente.
¿Quién es el actor?
Páez José Luis (accionante).
¿A quién se demanda?
Fernández Alicia Rita (deudora) — expediente ejecutivo por pagarés en dólares.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
ejecución y pago de deudas pactadas en dólares; planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561 y del decreto 214/02 y pretensión de percibir el pago en la moneda pactada o en equivalente en pesos distinto al dispuesto por la normativa de emergencia.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante y se confirmó el decisorio de grado en todas sus partes; se ordenó la liquidación pesificando las obligaciones en la relación un peso = un dólar y aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) conforme el art. 4° del decreto 214/02, con costas de alzada por el orden causado y diferimiento de la regulación de honorarios del Dr. Hernán Fabricio López hasta que exista base cierta.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por una cuestión de método, adelantamos opinión en el sentido de que carecen de respaldo jurídico los embates referidos supra por los motivos que pasamos a exponer. Nuestra Constitución, en sus art. 14 y 17, reconoce y garantiza el derecho de propiedad y deja librada al legislador la determinación de su contenido, señalando en este sentido Rafael Bielsa que la Constitución no define, como se comprende, el derecho de propiedad; esto se ha deferido al legislador, quien determina o señala el contenido más o menos concreto de todo derecho y, por ende, del que nos ocupa. Él lo reglamenta, imponiéndole las restricciones y limitaciones necesarias, fundándose en las necesidades de orden jurídico, social, económico y aun político de la sociedad para la cual legisla. El legislador ha entendido que el jus utendi y el jus abutendi no son atributos ilimitados de la propiedad. La institución, reglamentación y tutela jurídica de la propiedad debe ser de tal naturaleza que se conforme a los fines necesarios no sólo del individuo, sino también de la comunidad que le reconoce tal derecho. Se trata de un principio general referido a todos los derechos y especialmente al de propiedad. A su vez, la CSJN ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los aspectos referidos al derecho de propiedad y a su posibilidad de limitarlo. De esta manera, en el caso "Agustín Ercolano c. Lanteri" (Fallos: 136:161 del 28.04.1922) se concluyó que el derecho de propiedad no es absoluto y su extensión puede ser limitada en protección de los intereses vitales de la comunidad. ... Todo derecho, como el de propiedad, debe ejercerse conforme a las leyes que lo reglamentan, lo cual significa que puede ser restringido siempre y cuando tal restricción resulte razonable; la "persecución del bien común" permite limitar y reglamentar razonablemente su ejercicio pero no para aniquilar los derechos (Conf. Bidart Campos, G. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T.1, pág. 507 y ss.). En este sentido, contrariamente a lo sostenido por la accionante, soy de la opinión que la normativa tildada de inconstitucional restringe el derecho de propiedad individual dentro de límites razonables toda vez que se trata de una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una grave situación de crisis, que supera los intereses individuales de cada ciudadano. Es decir que la reglamentación censurada no ha sido infundada o arbitraria sino que tiene su justificación en los hechos que le dieron origen y la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido."
"Corresponde, entonces, que este Tribunal de Grado se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la normativa cuestionada, analizando en forma pormenorizada los embates puntualizados por el accionante. Sobre el particular, no puede soslayarse que la Corte Suprema ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, tratado, decreto o acto administrativo, es una decisión de gravedad institucional; es decir, el último argumento que solamente debe usarse en casos extremos (Cfr. Spota Alberto Antonio, 'El principio de supremacía de la Constitución y los medios establecidos para garantizarla en la Argentina, en el ámbito del Poder Judicial Federal', LL 1993-C, 782). El análisis que debemos efectuar, en primer lugar, a los fines de dilucidar si la normativa en crisis es o no constitucional (art. 1 y 8 del decreto 214/02 y art. 11 y 19 ley 25.561) reside en despejar el interrogante acerca de si el Estado, a través del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, tiene facultades para transformar en pesos obligaciones originalmente constituidas en dólares. En este sentido, corresponde destacar que la ley 25.561 en su art. 2 establece que 'El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el art. 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras'. De esta manera, el PEN dicta el decreto 214/02 (art. 1) el cual dispone que 'A partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales-, expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la ley Nº 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas en pesos'."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia en el acuerdo final; la resolución es por mayoría conforme la parte resolutiva transcripta.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Leyes que cita
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.