Cotam - Cooperativa Tambera Limitada c/ Victor Hugo Melano - Demanda Ejecutiva
Cotam promovió demanda ejecutiva por el cobro de USD 9.461,28 derivados de ocho pagarés. La Cámara hizo lugar a la apelación, declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 25.561 y los art. 1 y 8 del decreto 214/2002, modificó la ejecución fijando el capital en USD 9.461,28 con pesificación a $1 por dólar más el 65% del excedente según cotización vendedor del mercado libre, estableció intereses al 6% anual, dejó sin efecto la regulación de honorarios y puso las costas de alzada por su orden.
¿Quién es el actor?
COTAM Cooperativa Tambera Limitada.
¿A quién se demanda?
Víctor Hugo Melano.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda ejecutiva por cobro de la suma de nueve mil cuatrocientos sesenta y un dólares estadounidenses con veintiocho centavos, basada en ocho pagarés con cláusula "sin protesto" (vencimientos entre julio/2001 y febrero/2002).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la apelación; se declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 25.561 y de los arts. 1 y 8 del decreto Nº 214/2002; se modificó la sentencia de grado para ordenar la ejecución por USD 9.461,28, aclarando que la deuda se liquidará computando un peso por cada dólar más el sesenta y cinco por ciento del valor del dólar que, según cotización tipo vendedor en el mercado libre a la fecha del pago, exceda de esa paridad; se fijaron los intereses en 6% anual; se dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada; y se impusieron las costas de la alzada por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Establecido que la pesificación abarca íntegramente a la deuda motivo de ejecución, se impone analizar el planteo de la parte actora por el que afirma que lo resuelto en la sentencia lesiona sus derechos y garantías constitucionales. En primer lugar, cabe señalar que como lo ha expresado la Corte Nacional, 'la emergencia no crea el poder ni aumenta el poder concedido ni suprime ni disminuye las restricciones impuestas sobre el poder concedido' ('Muñiz Barreto de Alzaga c/ Destefanius' La Ley 131-110; 'Avico c/ de la Pesa' Fallos: 172:21). O sea que frente a una situación crítica, el Estado no puede ejercer un poder que no posee ni dejar de respetar las limitaciones que la Constitución le ha impuesto en resguardo de los derechos y garantías de los habitantes, los que sólo puede reglamentar de un modo más intenso que lo que haría en épocas normales. No hay emergencia que habilite a los poderes constituidos a salir del marco de la Constitución violando los derechos y garantías individuales, pues como bien se ha dicho: 'De otro modo, para qué servirían dichas garantías; que en épocas normales se respetaran no tendría mayor mérito, lo verdaderamente importante es que cuando la necesidad acucie, no pueda el Estado acudir a la confiscación directa o indirecta como método de resolución de la crisis' (Horacio Tomás Liendo (h) 'Inconstitucionalidad de la llamada pesificación' La Ley 2002-D-1346). Es así que nuestro más alto Tribunal ha diseñado a través de diversos fallos una doctrina de la emergencia, marcando nítidamente los lindes de las medidas que es legítimo adoptar en ese trance: 'Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige del Congreso la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, éste puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar dentro de los límites razonables el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos'; '... La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos debe ser razonable, limitada en el tiempo, un medio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por la sentencia o contrato' (Fallos: 243:467; 243:499; 313:1513; 323:1566). El art. 8 del decreto 214/2002 desborda estas pautas y afecta directamente el derecho de propiedad de los acreedores, pues permite a los deudores lograr su liberación pagando en una moneda que al momento de entrar en vigencia la legislación de emergencia valía menos que la tercera parte de la pactada. Se encuentra afectada la sustancia misma del derecho supuestamente reglamentado, con el agravante de que la conversión, uno a uno, a pesos, de los créditos en moneda extranjera es definitiva, por lo que no se trata de una restricción temporal al ejercicio del derecho sino de su aniquilación. El ataque al derecho de propiedad de los acreedores es claro, pues la pesificación opera alterando derechos adquiridos al tiempo de contratar, consistentes en la percepción de la acreencia en la moneda pactada, derecho incorporado al patrimonio del acreedor, por lo que en esta situación, como lo ha dicho la Corte, el principio de la irrectroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para tener rango constitucional, confundiéndose con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (Fallos 319:1915; 320:31)."
"Como ha dicho la Corte Nacional, los jueces no deben desentenderse del resultado de sus sentencias. Ello implica evaluar las consecuencias de lo que se dispone en el fallo, tanto para el acreedor como para el deudor. Ya se ha visto el agravio que ocasiona la pesificación a los derechos del acreedor. Pero no puede desconocerse que el impacto de las medidas de emergencia en la economía ha provocado la trastocación de los valores vigentes mientras regía la convertibilidad. Es así que el precio de las cosas y el valor de los ingresos han disminuido en dólares, por lo que en el contexto de crisis signado por la recesión con inflación y el desempleo, no parece justo ni razonable que el deudor, aun moroso, que se comprometió a devolver dólares cuyo valor era igual a un peso, ahora deba efectuar el pago en la moneda pactada aunque se haya triplicado su valor. Esto podría llevar al deudor a la ruina, por tornarse la prestación prometida de imposible cumplimiento. La parte final del art. 8 del decreto 214/2002 veda al deudor moroso el acceso al reajuste equitativo de las prestaciones. Por otra parte, diferir la solución a un procedimiento posterior implica para quienes pretendan la recomposición, incrementar el costo del conflicto y diferir en el tiempo su solución (ver voto Dra. María del Carmen Cabrera de Carranza en el Plenario de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro citado precedentemente). Por ello, de conformidad al principio de buena fe (art. 1198 del Código Civil) y de la distribución del esfuerzo compartido (Jorge W. Peyrano, 'La pretensión distributiva del esfuerzo compartido...' Jurisprudencia Argentina 2002-I-fascículo Nº 8), consultados los índices inflacionarios, los intereses que pagan y cobran los bancos, la evolución seguida por la moneda norteamericana y ponderando la condición de moroso del demandado, anterior a la devaluación, considero prudente que el deudor devuelva el capital adeudado, computado a razón de un peso por cada dólar, más el sesenta y cinco por ciento del valor del dólar que, según su cotización del tipo vendedor en el mercado libre, a la fecha del efectivo pago exceda de la indicada paridad. Por todo lo expresado, voto por la negativa a la primera cuestión planteada."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo disidencia; la resolución fue por unanimidad (los Dres. Avalos, Cenzano y de Olmos adhieren al mismo voto).
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Leyes que cita
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
- Ley 340Codigo civil
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.