Gómez, Julio Alberto c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción
Ejecución de sentencia por reincorporación y daño: la Cámara declaró ilegitimo el decreto gubernamental y ordenó continuar la ejecución, imponiendo indemnización por la dilación del cumplimiento y pago de gastos de obra social. La Cámara fundamentó la decisión en la obligación de la Administración de cumplir sentencias firmes y en la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales.
¿Quién es el actor?
Gómez Julio Alberto.
¿A quién se demanda?
Provincia de Córdoba (Poder Ejecutivo provincial, Sr. Gobernador).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de sentencia por reincorporación y liquidación de daños y perjuicios; efectivización del pase a retiro obligatorio dispuesto por la administración y pago de aportes/prestaciones previsionales y cobertura de obra social sustituta.
¿Qué se resolvió?
La Cámara ordenó continuar los trámites de ejecución de sentencia; declaró ilegitimo el decreto 977/03 dictado por el Gobernador; acogió la pretensión de la parte actora y estableció la indemnización por la dilación en el cumplimiento de la sentencia en los términos en que el Poder Ejecutivo optó sustituirla (equivalente a las sumas que mensualmente corresponderían en concepto de retiro obligatorio hasta su efectivización, más gastos de obra social sustituta), con pago en efectivo en el plazo perentorio de diez días hábiles administrativos y presentación de planillas dentro de los cinco primeros días para control; respecto de la liquidación de daños y perjuicios fijados por Auto 240/00, ordenó proceder conforme al CPC en materia de ejecución de sentencia o embargo; y libró oficios al Gobernador y al Fiscal de Estado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"III– En forma previa a resolver el conflicto es dable señalar, reiterando la jurisprudencia de este Tribunal in re 'Tejeda c/Pcia.' (A.23/01), que no puede disponerse el no cumplimiento de sentencia judicial firme sin mediar una razón de emergencia debidamente declarada por ley formal que la justifique. Lo antedicho, ya que la cosa juzgada tiene jerarquía constitucional (CSJN Fallos 224–657, 250–676), en razón de la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme, lo que reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos 199–466; 281–421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica (Fallos 235–171, 512)."
"V. En consecuencia, atento lo establecido en el art.52, primer párrafo, CMCA, la dilación en la efectivización del retiro obligatorio como resultas del incumplimiento de la sentencia que a la brevedad cumplirá cinco años, lo expresamente solicitado por la parte actora y el criterio asumido por este Tribunal a partir de la causa 'Martín de Pérez Arzeno, Margarita c/Provincia de Córdoba–pj.' (AI 193 de fecha 11/12/1996), corresponde acoger la pretensión que ésta efectuara y, dado que se están generando nuevos daños que corresponde sean indemnizados, ordenar a la demandada que desde la fecha del decisorio que le reconoció su derecho y hasta la efectivización de la condena en los términos en que optara, abone al actor las sumas que mensualmente le correspondería percibir en concepto de retiro obligatorio, al igual que los gastos que demande la cobertura por una obra social sustituta, lo que deberá efectuarse en efectivo en el plazo perentorio de diez días hábiles administrativos, atento la naturaleza alimentaria de las prestaciones previsionales."
¿Cómo votaron los jueces?
no se consignan votos en disidencia en el bloque resolutorio; la Parte Resolutiva refleja la decisión de la mayoría del Tribunal.
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