JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Heredia, Martín c/ Rosario del Valle Ferreyra- Ordinario

El actor solicitó la subasta de los derechos y acciones emergentes de un boleto de compraventa por el incumplimiento del pago del saldo. La Cámara rechazó la apelación y confirmó el decreto que declaró improcedente la subasta por la imposibilidad de determinación y valoración de esos derechos, e imputó las costas de la segunda instancia a la parte actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-915
Subasta Boleto de compraventa Derechos personales Embargo Improcedencia Art.3270 ccc Valoracion Ejecucion Costas Camara de apelaciones

¿Quién es el actor?

Martín Heredia.

¿A quién se demanda?

Rosario del Valle Ferreyra.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó el embargo y la subasta de los derechos y acciones emergentes de un boleto de compraventa (inmueble vendido por U$S 30.000, con U$S 10.000 pagados y saldo adeudado) por incumplimiento del pago del precio.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó el recurso de apelación, confirmó el decreto que declaró que la subasta solicitada no procede por improcedente (art. 3270, CC) y le impuso las costas de la segunda instancia a la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“...la venta en subasta pública no puede explicarse por las figuras del derecho privado, pues se trata de un acto procesal que no puede gobernarse como si fuera una venta privada; siendo el proponente el juez, investido del poder jurisdiccional, que efectúa la propuesta por medio de un oficial público que es el martillero, previo cumplimiento de determinadas formalidades establecidas por la ley procesal, entre las cuales cumplen una función particular las que se refieren a la publicidad del acto y el precio. Tales disposiciones tienden a garantizar : a) la certeza y determinación del bien a subastar; b) la fijación de una base para su venta o la decisión de que los bienes saldrán a la venta sin base; c) la estructura de un régimen publicitario que convoque adecuadamente a los postores. Además, debe efectuarse un detalle lo más ajustado posible a la situación real y jurídica del bien, a partir del cual pueda inferirse su valor aproximado... Nuestra ley procesal ha dictado normas específicas a tales efectos (art.569, 570, 575, inc.5 y 9, 578, etc.)” (Faraudo Gabriela, Subasta de derechos y acciones hereditarios, en Semanario Jurídico N° 1388, pág.513/520).

“...cuando se trata de derechos y acciones emergentes de un boleto de compraventa, esa comprobación es imposible de practicar, al menos con un indispensable grado de seguridad, ya que aquéllos son transmisibles mediante simple cesión con notificación al deudor cedido. ‘No interesa que el dominio subsista en cabeza del vendedor si el derecho a obtener la transmisión de ese dominio (que es el crédito que se intenta ejecutar) puede no subsistir en cabeza del ejecutado, pues en tal caso se transgrediría lo previsto por el art.3270 del Código Civil’ (autora y obra citada, p.372).”

“Es decir que, conforme lo expuesto, cuando se trata de derechos y acciones emergentes de un boleto de compraventa, esa comprobación es imposible de practicar... Nada más difícil que valorar el monto pecuniario que representan esas acciones o derecho, lo cual supone la imposibilidad de determinar una base precisa para el remate. Estos inconvenientes se traducen en una operación ruinosa... De allí, entonces, que aun cuando nuestra ley ritual consagre la posibilidad de subastar ‘derechos personales emergentes de promesas de compraventa, hasta en el caso de inmuebles no individualizados registral o catastralmente (art.569), dicha subasta está subordinada a que se trate de créditos definidos, claros y precisos como obligación transmisible y no inciertos, especulativos y de dudosa especificación’.”

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en el texto; la decisión consignada en la parte resolutiva es la que integra la mayoría.

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