R., M. B. c/ Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) – Amparo – Recurso de apelación
Amparo por prestaciones médicas y provisión de elementos ortopédicos y tratamiento odontológico contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). La Cámara acogió parcialmente la apelación únicamente para fijar la contracautela en la fianza de cinco letrados y, además, impuso las costas a la demandada.
¿Quién es el actor?
Srta. M. B. R. (actora por medio de sus progenitores).
¿A quién se demanda?
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo para obtener la provisión de silla de ruedas ortopédica adecuada (con modificaciones técnicas), cama ortopédica, cobertura de tratamiento odontológico, servicios de enfermería y otras prestaciones vinculadas a la discapacidad (parálisis cerebral con retraso mental).
¿Qué se resolvió?
La Cámara acogió parcialmente la apelación de la demandada únicamente en cuanto a la contracautela, fijándola en la fianza de cinco letrados; además, impuso las costas a la demandada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En lo expuesto se deduce que era en aquella oportunidad en la cual la demandada debió exponer los reparos que la petición le provocaba, so riesgo de preclusión. Como no se expuso disconformidad, es claro que no puede, luego, impugnar el decreto que explícitamente recepta los pedidos, porque si antes no se opuso, no puede, válidamente, oponerse luego. Así lo impone la teoría de los actos propios, corolario del principio de buena fe. De todos modos, si aún así no se pensara, cabe recordar que se trata de otorgar tutela judicial oportuna a los derechos de una discapacitada a gozar de las prestaciones integrales de su obra social, y a los de su grupo familiar, cuestión de prioritaria tutela por parte del Poder Judicial. La CSJN (aunque referida a un menor, pero en fundamentos aplicables mutatis mutandis al caso de autos) sentó idéntica doctrina al enfatizar que aunque no haya existido adhesión, “…la protección y la asistencia integral a la discapacidad –como se ha explicitado con fundamento, especialmente, en las leyes 22.431 y 24.901 y en jurisprudencia de V.E. que pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en esta materia– constituye una política pública de nuestro país…” (CSJN, in re “Martín, Sergio G. y Otros c. Fuerza Aérea Argentina” del 8/6/04, Fallos 327:2127, del dictamen del Procurador, al que remite la Corte). De tal modo, existe fuerte probabilidad en el derecho invocado, que justifica la medida otorgada."
"Por fin, relativo a la contracautela, es real que la medida se despachó sin cumplir con tal requerimiento, por lo que se estima adecuado exigir la fianza de cinco letrados. Mas, como se trata de una condición de ejecutabilidad y no de procedencia de la medida ordenada, no corresponde la revocación de lo decidido sino el cumplimiento (in itinere, atento el desarrollo de los acontecimientos) de tal recaudo."
"La segunda apelación luce huérfana de correcta fundamentación. ... La mera alusión a falta de colaboración y estado de indefensión no sirven, en el caso, para demostrar la incorrección de lo decidido en este segundo decreto. Las costas se imponen a la demandada, pues la naturaleza de la pretensión, la oposición sobre la tutela anticipada requerida y el desconocimiento de los efectos de las reglas de protección a la incapacidad, justifican esta decisión."
¿Cómo votaron los jueces?
no se registran votos en disidencia en la parte resolutiva final.
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Leyes que cita
- Ley 22.431Sistema de proteccion integral de discapacitados
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