Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Banco Roela SA - Presentación múltiple fiscal - Recurso de apelación
La Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba demandó a Banco Roela S.A. en un proceso de ejecución fiscal y la demandada planteó la inconstitucionalidad del art. 5° quinquies de la ley 9024 (texto según ley 10117). La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad, rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución de grado, por entender que la ampliación del plazo de perención se justifica por la naturaleza fiscal del proceso y no lesiona derechos constitucionales; impuso costas al apelante.
¿Quién es el actor?
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba.
¿A quién se demanda?
Banco Roela S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal / discusión sobre la aplicación del art. 5° quinquies de la ley 9024 (modificado por ley 10117) relativo al plazo de perención de la instancia y planteo de inconstitucionalidad de dicha norma; además controversia sobre distribución de costas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 5° quinquies de la ley 9024 (según la redacción introducida por la ley 10117), rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la resolución impugnada en todo cuanto fue motivo de impugnación; costas a cargo del apelante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) “...se ha de recordar, puesto que es importante para resolver el agravio en tratamiento y también el relativo a las costas, que nuestro sistema normativo plasma, desde la reforma de la ley 17711 al C. Civil, el principio del efecto inmediato de la ley, la que toma la situación en curso de constitución o extinción de las situaciones jurídicas a partir de su entrada en vigencia. En concreto, en lo que hace a las leyes procesales se ha dicho que ‘son de orden público y de aplicación inmediata a un a las causas pendientes, debiendo regirse los actos procesales por la ley vigente en el momento en que se producen. Las normas sobre competencia también se aplican inmediatamente...’. El límite entonces a esta vigencia inmediata de la ley es la existencia de derechos adquiridos... En el punto es importante destacar que si a la fecha de entrada en vigencia de la ley 10117, el plazo de un año que establece el art. 339, CPCC, para la caducidad que se invoca no había culminado... por lo tanto, no estarían cumplimentados a la fecha de sanción de la nueva ley todos los recaudos para decretar la perención de instancia... Por lo cual, menos se puede considerar que, en el caso, tal como está planteado, hay derecho adquirido por parte de la demandada...”
2) “VI. En lo que interesa, la norma impugnada de inconstitucional determina que ‘la perención instancia sólo podrá ser declarada a petición de parte y se producirá cuando no se instare su curso entre los dos años de primera instancia y al año en los procedimientos incidentales en segunda ulterior instancia’. De hecho, se duplica el plazo anteriormente aplicable en caso contenido en el ordenamiento ritual común; y se lo hace sólo en el ámbito de las previsiones de la ley 9024, es decir, para los procedimientos ejecutivos fiscales.... No puede perderse de vista que se trata en el caso de ampliar un plazo de caducidad de instancia, lo que de por sí, no importa reducir el derecho de defensa en juicio de la parte... La parte no ha enderezado agravio sólido o concreto contra los fundamentos del auto reseñado para rechazar el planteo de inconstitucionalidad. Y tampoco se verifica que se haya afectado el derecho de defensa del contribuyente ni derechos adquiridos.”
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia en la parte resolutiva; el pronunciamiento final es por la Cámara en los términos transcritos.
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