Druetta, María Rosa – Recurso de Apelación – Exped. Interior – (Civil) – Recurso de Apelación
La actora solicitó el beneficio de litigar sin gastos en dos expedientes sucesorios y de colación. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la denegación del beneficio por insuficiencia probatoria respecto de la incapacidad económica alegada, imponiendo costas por su orden.
¿Quién es el actor?
María Rosa Druetta (parte actora recurrente).
¿A quién se demanda?
las contrapartes en los autos principales (entre ellas Irma Nélida Druetta y otros) y el tribunal a quo (Juzgado Civil, Comercial, Conc. y Fam. de Río Segundo actuó como órgano que dictó el decisorio).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
solicitud del beneficio de litigar sin gastos (BLSG) en dos acciones conexas: "Declaratoria de Herederos" y "Acción de Colación".
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó el auto de primera instancia que negó el beneficio de litigar sin gastos; además, se impusieron las costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
II. Los presentes tratan de una solicitud del BLSG que peticiona María Rosa Druetta con relación a dos acciones: Declaratoria de Herederos y Acción de Colación. La apelante en definitiva se queja acerca de la consideración asumida por la a quo con relación con que la prueba obrante en la causa es insuficiente para demostrar su carencia de bienes económicos. Compartimos dicho fundamento, ya que no caben dudas de que la pobreza requerida para la obtención del beneficio no debe ser sólo alegada sino que resulta necesario probarla, es decir demostrar si, de acuerdo con los recursos e ingresos de los accionantes, éstos pueden enfrentar el pago de aportes y gastos judiciales del juicio principal sin generar un esfuerzo que no pueda ser luego subsanado, es decir, que impida la digna subsistencia de la accionante. Por ello, en este tipo de procesos es el peticionante quien debe acreditar que no puede afrontar los gastos de tasa de Justicia, aportes y costas que le generará el principal. En ese sentido, los hechos deben asentarse sobre los datos reveladores de la capacidad contributiva del peticionante. La doctrina ha sostenido que la valoración de la capacidad económica en un beneficio de litigar sin gastos debe hacerse con relación a la cuantía del pleito que se pretende iniciar. Así se ha sostenido: “…el carecer de recursos no está tomado como sinónimo de indigencia, sino de no poder afrontar el costo de un planteo judicial. Esto debe ser apreciado por el Juez, en cada caso concreto, teniendo en cuenta la importancia económica del caso de que se trate.” (Ferrer Martínez, Rogelio, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Tomo I, año 2000, Edit. Advocatus, pág. 239).
III. En autos, como ya lo expusiéramos, la Sra. jueza de Primera Instancia rechazó el beneficio porque consideró que las pruebas rendidas por su parte eran insuficientes para acreditar la impotencia patrimonial alegada; mientras que la recurrente sostiene que sí ha demostrado su incapacidad patrimonial. Entonces, corresponde verificar a la luz de la prueba rendida, la situación patrimonial en que se encuentra la Sra. María Rosa Druetta. La impugnante refiere que debe tomarse en cuenta en todo momento el concepto de pobreza con relación al importe de los aportes a oblar en los expedientes conexos, pero dicho argumento recién es planteado en esta instancia y no cuando correspondía, al momento de interponer y diligenciar el beneficio. En efecto, de fs. 1 e incluso de la ampliación de la acción, la peticionante omite expresar cuál es ese importe. Nótese que no acompaña, siendo que era su deber, copia de las respectivas demandas que permitan inferir al menos aproximadamente el monto de los aportes iniciales de los cuales se encontraba imposibilitada económicamente de afrontar. Recién al momento de expresar agravios manifiesta “oblar semejante suma conforme el juicio principal”, sin tampoco manifestar de qué suma se trata.
IV. Ello por cuanto hay que tener presente que lo que debe demostrarse en este tipo de procesos es la falta de recursos o la imposibilidad de obtenerlos, lo cual debe ser valorado teniendo en cuenta las condiciones personales o profesionales del peticionante, pero siempre en relación con la cuantía del juicio que se pretende iniciar o se ha iniciado. Así se ha dicho: “Se deduce que la prueba debe tender a acreditar la inexistencia de bienes de capital valiosos en relación a los gastos causídicos: la escasez o carencia de ingresos regulares, o en todo caso su insuficiencia frente a los elevados costos del proceso y las condiciones de vida del peticionante y de su familia, como un modo de corroborar el cuadro de su situación socioeconómica. Por otra parte la valoración de la procedencia del beneficio debe relacionarse con la cuantía del monto reclamado en el juicio para el cual se peticiona, o sea que debe de guardar armonía con la importancia y seriedad de la demanda, toda vez que, al constituir un episodio del proceso, no puede perder de vista el contexto principal dentro del cual se desarrolla.” Dicho ello, y analizando las constancias de autos, la peticionante, al solicitar el BLSG, ofrece prueba informativa y testimonial, de la cual sólo diligencia tres oficios: dos a bancos oficiales y al Registro General de Inmuebles, en la cual los referidos organismos informan que la Sra. Druetta no posee cuentas bancarias en dichas entidades ni inmuebles en la provincia. La prueba se limita a la recién citada. No constan en autos documentos, encuesta ambiental domiciliaria ni declaraciones de testigos que avalen lo que recién en esta instancia argumenta, que “es una persona mayor, sin trabajo alguno que no cuenta con bienes de ningún tipo”, ni que indiquen la real situación económica y de vida que lleva la peticionante. De ello surge que la prueba rendida no resulta suficiente por sí sola para acreditar la impotencia patrimonial alegada por la recurrente. Entendemos que si bien la carencia probatoria recién relacionada no permite colegir que tenga una situación financiera próspera, el material aportado resulta a todas luces insuficiente, todo lo cual no contribuye a generar la convicción suficiente que S.S. requiere para conceder el pretendido beneficio. En consecuencia, la parte actora no ha logrado verificar y demostrar, con la certeza requerida, que carece de medios económicos suficientes para afrontar los gastos que genera el proceso iniciado, por lo que ante la orfandad probatoria existente corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.
¿Cómo votaron los jueces?
No constan votos en disidencia; la resolución es de mayoría y la Cámara confirma la decisión de primera instancia.
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