Gómez, Carlos Cristian s/ejecución de pena privativa de la libertad -Recurso de Casación
Recurso de casación contra la confirmación de una sanción disciplinaria por posesión de un aparato electrónico en el marco de ejecución de pena. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso y confirmó la sanción, entendiendo que la valoración integrada de las pruebas (informes del personal penitenciario, acta de secuestro, croquis y fotografías) permitió concluir la autoría responsable del interno.
¿Quién es el actor?
El Asesor Letrado Penal Dr. Esteban Rafael Ortiz, en representación del interno Carlos Cristian Gómez (recurriente en casación).
¿A quién se demanda?
Auto N° 649 del 18/9/2017 dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba (se impugna la confirmación de sanción administrativa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se cuestiona la confirmación de una sanción disciplinaria grave impuesta mediante Orden Interna N° 328/17 por “Poseer… ocultar… elementos electrónicos no autorizados” (cinco días de suspensión parcial de derechos de visita). El recurrente alega nulidad por violación del derecho de defensa por inadmisión de prueba útil (registro fílmico del pasillo y testimonio del interno Manuel Vázquez) y falta de debida fundamentación / violación de las reglas de la sana crítica racional.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación deducido por el Dr. Ortiz a favor de Carlos Cristian Gómez y se confirmaron las decisiones recurridas, con costas. La Sala consideró admisible la impugnación pero concluyó que la suficiencia de las pruebas fue razonablemente ponderada por el Juez de Ejecución, de modo que la sanción quedó debidamente acreditada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) “Conforme los parámetros de impugnabilidad objetiva en materia de sanciones disciplinarias señalados precedentemente, corresponde admitir la impugnabilidad de la resolución dictada en autos, en cuanto el Juez confirmó la sanción impuesta con motivo de una infracción de tipo Grave, consistente en ‘…Poseer… ocultar elementos electrónicos no autorizados’, a un penado condenado a siete años de prisión, que con fecha 1/12/2018 se encontrará en condiciones temporales para acceder al beneficio de la libertad asistida.”
2) “La fundamentación de la sentencia debe ser derivada, es decir, respetuosa del principio de razón suficiente. Ello importa que la prueba en la que se basan las conclusiones a que se arriba en la sentencia, sólo pueda dar fundamento a las mismas y no a otras; …”
3) “Conforme a las constancias de autos referidas y luego de realizar un análisis en su conjunto de la situación planteada, estimo que la suficiencia de las pruebas fue razonablemente ponderada por el Juez de Ejecución para arribar a la confirmación de la sanción impuesta. Ello así teniendo en cuenta, el informe detallado del Adjutor Miguel Zapata, que es corroborado por el Subadjuntor Juan Chanquía, el acta de secuestro, croquis del lugar del hallazgo y las copias fotostáticas reunidas.”
4) Sobre la prueba recusada por la defensa y su valoración por el a quo: “La falta de utilidad de la prueba ofrecida por la defensa, luce clara en tanto el aparato de telefonía fue encontrado en poder de Gomez, quien lo mantenía oculto en sus genitales. … Las constancias probatorias, se contraponen categóricamente con la posición exculpatoria asumida por Gómez en su descargo … Dicha afirmación a más de no encontrar respaldo en evidencia alguna resulta inverosímil, pues si no portaba el aparato cuya tenencia se le atribuía, carece de sentido que lo tomara para luego arrojarlo al inodoro.”
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los tres vocales (Tarditti, López Peña y Cáceres de Bollati) adhirieron y resolvieron en igual sentido.
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