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Tribunal Superior

Martínez, José Manuel c/ Puig Argentina SA y otros - Ordinario - Estatutos especiales. Recursos de casación - 3078919

El actor Martínez demandó a Puig Argentina S.A. y a personas físicas por reconocimiento de relación laboral, comisiones, SAC, feriados y otras prestaciones e indemnizaciones. El Tribunal Superior rechazó el recurso de casación de Puig, admitió parcialmente la impugnación del actor —hizo lugar a la indemnización por el art. 8 LNE y revocó la declaración de prescripción sobre determinados rubros— e impuso costas por la intervención de los codemandados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-88675
Relacion laboral Comisiones indirectas Prescripcion Art. 8 lne Art. 23 lct Contratos de agencia Multas art. 80 lct Inoponibilidad personeria juridica Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

José Manuel Martínez.

¿A quién se demanda?

Puig Argentina S.A.; como codemandados: Juan Miguel Mucci, David Ponsowy y Jorge Pérez Alati.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de relación laboral y pago de diversos rubros (indemnizaciones, comisiones directas e indirectas, SAC, vacaciones, feriados, integración de meses, indemnizaciones especiales como art. 8 LNE, art. 245 LCT, art. 2 ley 25.323 y demás) y exigencia de certificaciones (art. 80 LCT).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por Puig Argentina S.A.; se admitió parcialmente la impugnación del actor, haciendo lugar a la indemnización del art. 8 LNE y desestimando la defensa de prescripción e incluyendo en la condena los rubros que la sala de grado había declarado prescriptos; se impusieron por el orden causado las costas relativas a la intervención de los codemandados; se desestimaron las demás impugnaciones; se fijaron pautas para la regulación de honorarios (ver dispositivo).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, es cierto que el Sentenciante consideró que con la prueba aportada por la propia accionada (contratos de agencia) quedó evidenciada la prestación de servicios de Martínez y que ello era suficiente para activar la presunción del art. 23 LCT. Pero, a continuación señaló que era la empresa quien tenía la carga de demostrar que esa relación era comercial como invocó y no laboral. En esa dirección, tuvo en cuenta precisamente- los contratos en que insiste el recurrente, aunque en función de la primacía de la realidad, los estimó desvirtuados con las testimoniales. Así, derivó que Martínez vendía a nombre de la empresa, que ésta fijaba los precios y condiciones de venta, que le abonaba comisiones, que el actor desarrolló la actividad siempre en forma personal, sin empleados, en una zona asignada por la demandada y que el riesgo de la operación corría por cuenta de ésta -fs. 496/500-."

"De lo expuesto se sigue que las comisiones del mes de abril 2005 constituyen el rubro más antiguo perseguido por el trabajador, cuyo pago era exigible desde el cuarto día hábil del mes siguiente (04/05/05). En consecuencia, debe anularse la sentencia (art. 105 CPT), desestimar la excepción de prescripción y admitir la demanda por los conceptos respectivos."

"Asiste razón al recurrente. Es que, efectivamente, en el contexto descripto por el impugnante y verificado con las constancias de la causa, el dependiente -cuya relación estaba sin registrar- acompañó la copia remitida a la AFIP del requerimiento de regularización -ver fs. 503 vta.- y más aún, intentó obtener los datos de su recepción. Luego, el rechazo de la indemnización del art. 8 LNE deviene huérfano de sustento. Por lo tanto, debe anularse el pronunciamiento en este aspecto (105 CPT) e incluirla en los rubros de condena."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia; la resolución es por unanimidad de los tres vocales.

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