PINCOL, Magdalena del Carmen c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
La actora promovió acción contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social reclamando el reajuste de su haber jubilatorio por haber desempeñado el cargo de Directora del Sector Pasivo hasta el 30 de diciembre de 2016. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda y sostuvo que es aplicable la ley 1076 vigente al cese, que suprime el derecho al reajuste por reingreso y que la modificación afecta únicamente el componente pecuniario (no el status jubilatorio).
¿Quién es el actor?
Magdalena del Carmen Pincol (por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la Disposición de Presidencia Nº 236/2018, orden de reajustar su haber previsional conforme al cargo de Directora por el Sector Pasivo del ex IPAUSS y pago de diferencias desde su cese el 30/12/2016 con intereses, en los términos de los arts. 43 y 62 b) de la ley 561 según ley 742.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda y se impusieron las costas en el orden causado; se declaró que la Disposición Nº 236/2018 se ajusta a derecho.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De tal modo, es esa la norma que resulta aplicable a la determinación del nuevo haber que pretende la accionante, la cual suprime el derecho al reajuste o transformación mediante el cómputo de las nuevas actividades que contemplaba el viejo artículo 62 inciso b) de la ley 561 y establece expresamente que los nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias otorgadas en el marco de la citada ley. Además, modifica el artículo 43 del aludido plexo relativo a la forma de determinación del haber inicial de las prestaciones, fijándola en el promedio de la remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo de servicios."
"En consecuencia, entiendo que la aplicación de régimen instaurado por los artículos 62 inciso b) y 70 de la ley 561, con las modificaciones introducidas por los artículos 16 y 19 de la ley 1076, efectuada por el organismo previsional en el acto administrativo controvertido, no altera el status jubilatorio de la accionante."
"De tal suerte, observo que no completó con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley -que comenzó a regir el 25 de febrero de 2016- el tiempo mínimo de tres (3) años de servicios con aportes al régimen local, presupuesto exigido por el artículo 62 inciso b) de la ley 561 -texto original- para el reconocimiento del derecho al reajuste de la prestación originaria. Por ende, considero que no existe en este caso una aplicación retroactiva de las modificaciones introducidas por la ley 1076 a la situación de la demandante, como ésta postula, sino su aplicación inmediata a las consecuencias aún no cumplidas bajo la ley anterior."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Carlos G. Sagastume fue preopinante y votó por el rechazo; el Dr. Javier D. Muchnik adhirió y votó en idénticos términos. No hubo simpatías contrarias en el acuerdo (la Dra. María del Carmen Battaini no suscribió por hallarse fuera de la jurisdicción).
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