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Tribunal Superior

GONZALEZ AMARILLA, Norma Beatriz c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo

La actora demandó a la Caja de Previsión Social reclamando reconocimiento de pensión directa por ser ex cónyuge del causante y el pago de haberes desde el fallecimiento. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la demanda porque la normativa previsional aplicable (ley 561 y ley 17.562/23.263) excluye la pensión para el cónyuge divorciado, no acreditándose alimentos ni la vulnerabilidad requerida por el CCyC.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
3523/17
Contencioso administrativo Pension directa Conyuge divorciado Ley 561 Ley 17.562 / ley 23.263 Alimentos Articulo 434 ccyc Cosa juzgada administrativa Rechazo demanda Costas

¿Quién es el actor?

Norma Beatriz Gonzalez Amarilla.

¿A quién se demanda?

Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), sucesora del IPAUSS.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de pensión directa en los términos del artículo 28 de la ley 561 por ser ex cónyuge del fallecido Alberto Salvador Gonzalez; nulidad de la Disposición de Presidencia Nº 2358/2016; pago de haberes desde la muerte del causante con intereses.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda y se impusieron las costas en el orden causado; se confirmó la Disposición Nº 2358/2016 en cuanto descartó efecto a la sanción del CCyC para generar derecho a pensión.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En tal sentido, el artículo 28 -inciso 1- de la ley 561 prescribe que gozarán de la prestación de pensión la viuda o unida de hecho o el viudo o unido de hecho - en las condiciones del artículo 29-, en concurrencia con otros parientes (hijos e hijas solteros hasta los 18 años, hijas viudas y divorciadas o separadas de hecho incapacitadas para el trabajo, nietos y nietas solteros huérfanos de padre y madre).

Por su parte, la ley 17.562 regula las causas de pérdida y de extinción del derecho a pensión. Las primeras -previstas en el artículo 1º- impiden el acceso a la prestación, las segundas -consignadas en el artículo 2º- dejan sin efecto el beneficio ya concedido.

Al no contemplar la ley provincial disposiciones expresas específicas en esta materia, dicha norma nacional, de carácter general, resulta aplicable supletoriamente al régimen previsional local en virtud de lo establecido por el artículo 74 de la ley 561.

El artículo 1º inciso a) -sustituido por la ley 23.263, BO 11/10/1985- establece que no tendrá derecho a pensión: “El cónyuge que, por su culpa o por culpa de ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del causante, excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen del artículo 67 bis de la Ley 2.393 y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos”."

"De tal suerte, estimo que en el sub lite no se ha acreditado la preexistencia de una prestación alimentaria por parte del causante en favor de la actora, no habiéndose demostrado el impacto económico producido por su falta de contribución en la atención de las necesidades ordinarias de la accionante.

Entiendo que resulta insuficiente para acceder a la prestación reclamada invocar una pretensa situación de vulnerabilidad en los términos del artículo 434 inciso b) del CCyC, debiendo haberse probado concretamente el desequilibrio económico producido por la muerte del causante, en atención a la finalidad tuitiva y sustitutiva que inspira -en este caso- el derecho a pensión."

Bloque dispositivo final (texto literal):

"RESUELVE:

1º.- RECHAZAR la demanda promovida por la señora Norma Beatriz Gonzalez Amarilla a fs. 4/9.

2º.- DISTRIBUIR las costas del proceso en el orden causado.

3º.- MANDAR se registre y notifique. Cumplido, procédase a la devolución de las actuaciones administrativas."

¿Cómo votaron los jueces?

decisión adoptada por mayoría (Dr. Carlos G. Sagastume y Dr. Javier D. Muchnik). No hubo voto en disidencia; la Dra. María del Carmen Battaini no suscribió por hallarse fuera de la jurisdicción.

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