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Cámara de Apelaciones

RODRÍGUEZ Paula Beatriz s/ Gobierno de Tierra del Fuego – Sec. De Medio Ambiente Desarrollo Sostenible y Cambio Climático s/ Amparo por Mora

La actora promovió amparo por mora para que la Secretaría/Ministerio de Ambiente concluya el sumario administrativo Nº 9/18 y emita el dictamen previsto en el art. 91 del RIA. La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y ordenó librar pronto despacho para que el Servicio Jurídico emita el dictamen en el plazo de diez (10) días hábiles, por haberse verificado demora administrativa injustificada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
479/20
Amparo por mora Pronto despacho Sumario administrativo n? 9/18 Art. 91 ria Demora administrativa Servicio juridico Ley provincial 141 Decreto 1798/80 Costas Honorarios.

¿Quién es el actor?

Paula Beatriz Rodríguez (agente involucrada en el sumario administrativo).

¿A quién se demanda?

Gobierno de Tierra del Fuego – Secretaría/Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora solicitando orden de pronto despacho para que la administración concluya el sumario administrativo Nº 9/18 y emita el dictamen exigido por el art. 91 del Reglamento de Investigaciones Administrativas (Dec. 1798/80).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se hizo lugar al recurso de apelación, se revocó la sentencia de primera instancia (que había rechazado el amparo) y se ordenó librar pronto despacho al Ministro de Producción y Ambiente para que requiera al Servicio Jurídico del organismo la emisión del dictamen que exige el art. 91 del RIA en el plazo de diez (10) días hábiles; costas a la demandada y regulación de honorarios en segunda instancia (30% de lo que se le regule en grado).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"VI. Las constancias de la causa reseñadas supra y, en especial, lo que se desprende del informe producido por la Secretaría general Legal y Técnica (v. fs. 44/48) me llevan a compartir lo señalado por la recurrente en cuanto a que, al momento de interponerse la acción en trato, la demandada se encontraba en mora. Ello pues advierto que la Administración omitió dar respuesta al pedido concreto -reseñado precedentemente- de la hoy actora. Si bien es cierto que respecto de la etapa en que se halla el sumario, el dec. 1798/1980 no establece un plazo en el que se deba expedir la asesoría letrada ni luego la autoridad competente, no lo es menos que desde que el sumario se giró a la Directora General de Asuntos Jurídicos para que emita el dictamen del art. 91 RIA no se ha registrado avance alguno en el trámite ni ello ha sido justificado por la Administración. Incluso, en el informe de fojas 44/48 -adjuntado por la demandadala propia administración reconoce que desde el 19/10/2018 el sumario '...ha permanecido sin actividad sin justificación alguna,...' (v. fs. 47). Asimismo, cabe agregar que hasta el momento en que se suspendieron los plazos administrativos por primera vez por vía del Decreto Nº 467/20, como consecuencia de la situación excepcional de pandemia que atravesamos, ya había transcurrido más de un año sin que el órgano administrativo se hubiera expedido. Por ende, luce injustificada la demora en que ha incurrido la administración tornando procedente la vía intentada por la actora."

"VII. Huelga destacar que es de la naturaleza de la acción de amparo por mora que una vez acreditados los extremos de procedencia, corresponde dar trámite a las actuaciones administrativas objeto de la litis, pues naturalmente excede las márgenes de la pretensión de amparo por mora pedir que el pronunciamiento sea emitido con un contenido material, debiendo dictar la administración la actuación correspondiente a fin de dar trámite a las peticiones pendientes de respuesta. ... 'la sentencia estimatoria de la pretensión judicial de pronto despacho sólo impondrá el deber de dar curso a las actuaciones administrativas … se malograría la télesis procesal de esta pretensión‑con riesgo cierto sobre el derecho de defensa de la autoridad requerida‑ si se ordenara, juntamente con el despacho de las actuaciones, que la Administración expida un acto (ora definitivo, ora preparatorio) con un contenido específico... en la etapa de ejecución de sentencia el tribunal deberá considerar si el acto expedido por la autoridad administrativa es congruente, es decir, si se corresponde con el acto o trámite requerido por el administrado en su pretensión oportunamente acogida por la manda judicial...' (Patricio Marcelo E. Sammartino, 'Amparo y Administración', Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, Tomo I, págs. 696/697)."

"VIII. Considerando los extremos de hecho y derecho señalados, y no habiendo mediado una justificación circunstanciada y razonable de la omisión formal en que incurrió la Administración, cabe tener por configurado el retraso injustificado que se atribuye a la demandada. Corolario de ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de fs. 65/67 y en su mérito, revocar la sentencia de grado, disponiendo librar orden de pronto despacho a la Sra. Ministro de Producción y Ambiente para que, por su intermedio, se requiera dar trámite a las presentaciones formuladas por la agente Rodríguez el 16/10/2018 y el 19/10/19, ello en el plazo de 20 días y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 162 de la Ley Nº 141."

¿Cómo votaron los jueces?

"propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación... revocar la sentencia de grado, disponiendo librar orden de pronto despacho... que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con la emisión del dictamen que exige el art. 91 del Reglamento de Investigaciones (Dec. 1798/80)... apercibiendo respecto de las consecuencias de su desobediencia (art. 162 de la Ley Nº 141)."

(Se consignan los fragmentos textuales tal como aparecen en la sentencia. El voto que encabeza el acuerdo propuso plazo de veinte días; el acuerdo final fija diez días conforme al voto segundo y adhesión.)

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