Lujan, Sonia Mabel c/ Luján, Efrain - Acciones Posesorias/Reales - Despojo
Acción posesorio-rellamada por despojo promovida por Sonia Mabel Luján contra Efraín Luján. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación y revocó el decreto de fecha 11/02/2025 que había suspendido el trámite civil por aplicación de la prejudicialidad penal, por configurarse la excepción por dilación injustificada del proceso penal y vulneración del derecho a tutela judicial efectiva.
¿Quién es el actor?
Luján, Sonia Mabel.
¿A quién se demanda?
Luján, Efraín.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acciones posesorias/reales por despojo. Se reclama la restitución/ protección posesoria frente a un despojo y se cuestionó la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó el decreto de fecha 11 de febrero de 2025, que había dispuesto la suspensión del dictado de la sentencia civil en aplicación del art. 1775 C.C. y C.N. No se impusieron costas. Se regularon honorarios del letrado del apelante en 12 jus, que a la fecha ascienden a $501.311,04, con intereses del 6% nominal anual desde la fecha de la resolución hasta quedar firme y 9% nominal anual desde entonces hasta el efectivo pago.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que, en su tercer apartado, titulado 'C- Aplicación al caso concreto. Procedencia de continuar el juicio civil sin esperar el fallo penal', sostuvo que en el caso se configura el supuesto de excepción previsto en el art. 1755 inc. b) del CCCN, y que, en consecuencia, no corresponde la suspensión dispuesta en la primera instancia. Expresó que la mera denuncia penal se ha prolongado sin avances sustanciales, configurándose una dilación excesiva e injustificada. Que, destacó, la frustración del actor resulta evidente, toda vez que fue despojado de su posesión y han transcurrido más de dos años sin que exista una decisión judicial sobre el fondo de su pretensión. Que, agregó, mientras el proceso penal se prolonga, el actor se ve privado del uso y goce de su inmueble, así como de los beneficios económicos que de ello derivan, lo cual agrava los daños sufridos. Que, afirmó, dicha prolongación lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva y que no se advierte razón válida alguna para continuar aguardando una resolución en sede penal. Hizo referencia a lo dispuesto por el art. 1780 del C.C. y C.N., relativo a la posibilidad de revisión de la sentencia civil en el hipotético caso de que se dicte posteriormente una sentencia penal contradictoria."
"Que, la expresión de agravios presentada ante esta sede pone de manifiesto que el agravio que se invoca se encuentra en el decreto del once de febrero de dos mil veinticinco. Específicamente se agravia la parte de lo allí decidido, en cuanto la prejudicialidad penal motiva la suspensión del dictado de la sentencia en el presente. El apelante cuestiona la aplicación del principio, que se lo considere de modo absoluto, explayándose respecto de las excepciones de esa regla, siendo que el presente es un supuesto que engasta en ellas. Que, a nuestro modo de ver, la excepción que invoca el recurrente no es aplicable a la presente, en tanto se encuentra enderezada a resolver el asunto en un supuesto de resarcimiento. En el presente, la cuestión se vincula directamente con un caso de despojo que la misma accionante denunció también en sede penal dando lugar a la investigación que allí se desarrolla. Que, de todas maneras, cabe recordar que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en el año 1973 (Ataka) que el juez civil no está obligado a esperar resolución penal cuando las circunstancias del caso muestran o permiten presumir que habrá una dilación indefinida en la sede criminal."
"V. Que, por lo tanto, entendemos que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución cuestionada en cuanto dispone la prejudicialidad y consecuente suspensión del trámite en cuanto al dictado de la sentencia. Sin costas atento a que no hubo contradicción. Atento la inexistencia de base, corresponde regular los honorarios del letrado interviniente, Dr. Mauro Gómez, en la cantidad de 12 jus que a la fecha ascienden a $501.311,04. Los intereses se fijan en una tasa del seis por ciento (6%) nominal anual desde la fecha de la presente resolución y hasta que quede firme y en una tasa del nueve por ciento (9%) nominal anual de allí y hasta su efectivo pago."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia; la resolución final fue unánime según la firma del acuerdo.
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Leyes que cita
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
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