ARRIBERE, María Graciela c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo
La actora promovió acción contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social solicitando nulidad del Formulario de Determinación del haber previsional Nº 444/2017 y el recálculo conforme a la ley provincial Nº 742. El Superior Tribunal admitió el planteo de caducidad formulado por la demandada y declaró operada la caducidad de la instancia, con costas por su orden, por aplicación de los arts. 326 y 332 del CPCCLRyM.
¿Quién es el actor?
ARRIBERE, María Graciela (actora).
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social de la Provincia (CPSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del Formulario de Determinación del haber previsional Nº 444/2017 y orden de confección de nuevo cálculo conforme art. 43 de la ley provincial Nº 561 y la ley provincial Nº 742; pago de las diferencias, actualización e intereses. Se optó por trámite sumario (art. 61 inc. "c" del CCA).
¿Qué se resolvió?
Admitir el planteo de la demandada y declarar operada la caducidad de la instancia abierta con el escrito de fs. 8/18; costas por su orden. Orden de registrar, notificar, devolver actuaciones y archivar.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"3. De acuerdo con el art. 326.5 del CPCCLRyM, la instancia se abrió con la promoción de la demanda el 8 de mayo de 2019 -ver carátula y cargo de fs. 18-.
La última actuación que impulsó la causa fue la cédula confeccionada por el apoderado de la accionante en el Sistema de Actuaciones Electrónicas y dirigida a la letrada apoderada de la Caja, cuya notificación tuvo lugar el 22 de febrero de 2021.
Ahora bien, antes de consentir dicha actuación, la accionada denuncia que ha operado la perención de instancia porque el interesado no activó temporáneamente el procedimiento hacia su culminación.
El planteo es oportuno, porque no media convalidación de la inactividad procesal de la contraria; y resulta procedente, pues se constata que entre la última actuación impulsoria -resolución que declara la admisibilidad formal de la demanda y ordena su traslado -notificada al letrado de la actora el 30 de julio de 2019 y la confección de la cédula electrónica para cumplir dicha manda el 18 de febrero de este año, se ha excedido con creces, el plazo trimestral que preceptúa el art. 326.2 del código citado, que resulta aplicable al presente, e incluso, el máximo semestral de caducidad que preceptúa el art. 326.1 del mismo plexo.
Véase, también, que la acreditación agregada en la última fecha tampoco tiene aquel carácter, pues no proyecta el proceso hacia la siguiente etapa, efecto este que solo cabe atribuir a la traba de la litis con la notificación de la acción.
La doctrina explica que el acto procesal de impulso debe “…tender a la constitución, conservación-, desenvolvimiento, modificación o disolución del vínculo procesal. Innovar en relación a lo ya actuado. Poseer la suficiente fuerza motriz que lo active hacia su final. Como afirmaba Podetti: el acto debe servir para que el proceso dé un paso adelante, para que lo urja o inste.” (cfr. COLOMBO, CARLOS J Y KIPER, CLAUDIO M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Anotado y Comentado”, Ed. La Ley 2da. ed. 2006, T. III, pág. 345). Ninguna de esas proyecciones produce el libelo mencionado (ver, en el mismo sentido, lo sostenido por este Tribunal en “Gasparini, Héctor Jesús c/ CPSPTF s/ Contencioso Administrativo”, expediente STJ-SDO N° 3779, resolución del 16 de noviembre de 2020, registrada en T° CXX, Fº 129/132)."
"4. Sin perjuicio de la concluyente verificación anterior, cabe señalar que los argumentos invocados para negar la aplicación de la caducidad de instancia en los procesos previsionales no resultan atendibles.
Por un lado, el art. 90 de la ley provincial Nº 141 regula el instituto de la caducidad del procedimiento administrativo, ajeno a la articulación deducida en autos a tenor del art. 66 del CCA, que expresamente remite a las normas sobre perención de instancia establecidas en el CPCCLRyM.
Por el otro, éste no es un supuesto de inadmisibilidad de la acción por vencimiento del plazo para demandar (plazo de caducidad del art. 24 del CCA), de suerte tal que no media sustancial analogía con la plataforma fáctica examinada en la jurisprudencia y doctrina citadas. Vale apuntar, además, que los ordenamientos procedimentales y procesales abordados en las citas presentan diferencias relevantes con los locales, que impiden una ligera traslación de la hermenéutica federal al ámbito provincial.
Finalmente, procede resaltar que el Alto Tribunal de la Nación no ha negado ni soslayado como regla la operatividad de la perención procesal en los litigios de orden previsional, sino que frente a casos puntuales excepcionales y en atención a sus concretas actuaciones, ordenó atemperar la aplicación rígida de aquél (ver, en ese orden, Fallos 329:2166, 329:2191, 329:4865, entre otros).
Corolario del desarrollo previo, concluyo que concurren los extremos requeridos para declarar fenecida la instancia.
Bajo tal entendimiento voto por la afirmativa al interrogante formulado."
¿Cómo votaron los jueces?
Los tres jueces (Sagastume, Battaini y Löffler) coincidieron en admitir la caducidad; no hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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