Montero, Ceferino Rubén p.s.a. abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, promoción a la corrupción de menores doblemente agravada por ser la víctima menor de 13 años y por su condición de guardador, etc. Recurso de Casación
La defensa interpuso recurso de casación contra la condena por delitos sexuales contra un menor. El Tribunal Superior rechazó el recurso de casación y recomendó al tribunal de origen usar iniciales para víctimas y menores en la consignación de nombres, conforme a la normativa citada.
¿Quién es el actor?
El doctor Jorge Sappia Obregón, en su carácter de defensor del imputado Ceferino Rubén Montero, interpuso recurso de casación.
¿A quién se demanda?
Sentencia nº 8 de fecha 2/3/2023 dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores (contra la cual se dirige la casación).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó la nulidad del pronunciamiento condenatorio y la absolución del imputado, por supuesta valoración probatoria arbitraria y falta de fundamentación suficiente; subsidiariamente cuestionó la calificación por promoción a la corrupción de menores.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 550 y 551 CPP). Además, se recomendó al tribunal de origen observar Acuerdo n° 7/2010 y A.R. n° 1850/2024 respecto de la consignación de nombres (uso exclusivo de iniciales para víctimas y menores; nombre de pila sólo para familiares, apellidos inicializados).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "En tal sentido, expresamente la Ley Nacional n° 26.485 reafirmó el principio de amplitud probatoria 'para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos' (art. 16 inc. 'i') enfatizando que en las resoluciones 'Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes' (art. 31)."
2) "En tales condiciones, el testimonio de la víctima -recibido mediante precauciones diseñadas para evitar su revictimización- adquiere una singular centralidad, debiendo ser valorado conforme a las reglas de la sana crítica racional adaptadas a su condición de niño, lo que impone su análisis en consonancia con las conclusiones de la pericia psicológica practicada. En el caso, el tribunal ponderó que el relato brindado por el menor de edad se presentó como lógico, espontáneo y carente de indicadores de fabulación, concluyéndose desde el saber técnico que el criterio de credibilidad resultaba positivo, descartándose simulación o tendencia a confabular en relación con los hechos investigados, extremo que fue íntegramente ratificado por la pericia de control."
3) "En tales condiciones, no se advierte vulneración alguna a los principios constitucionales de legalidad, reserva o razón suficiente, desde que la conclusión condenatoria se erige como una derivación razonada del plexo probatorio reunido y la hipótesis exculpatoria no logra neutralizar la fuerza demostrativa emergente de los elementos de cargo, los cuales, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica racional y en valoración conjunta, lógica y no fragmentaria, permiten afirmar que el encausado se valió de la relación de proximidad y de la situación de vulnerabilidad del niño damnificado para someterlo a los hechos investigados; de este modo, la decisión impugnada expone de manera clara las razones por las cuales atribuye credibilidad al relato de la víctima, descarta la tesis defensiva y tiene por acreditada, con el grado de certeza exigido en esta instancia, la materialidad de los sucesos y la responsabilidad penal del imputado, lo que excluye la tacha de arbitrariedad invocada y torna improcedente su revisión por la vía casatoria intentada."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue mayoritaria y unánime en el rechazo; la Dra. Aída Tarditti emitió el voto preopinante y los Dres. Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati adhirieron en todos sus términos.
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