Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba — Amparo (Ley N° 4915)
El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos solicitó amparo para que la Provincia de Córdoba incluya a sus matriculados (Ley 7191) en el portal “Compra Transparente” y deje sin efecto la Resolución N°350/2019. La Cámara no hizo lugar al amparo, sosteniendo que la exigencia de matriculación en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios (Ley 9445) es una regulación válida del ejercicio profesional provincial y que la resolución impugnada solo constató el cumplimiento de esos requisitos sin alterar el alcance del título universitario.
¿Quién es el actor?
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba (representado por los Dres. Alfonso Buteler Turrado y Miguel Ángel Ortiz Morán).
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Finanzas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución N° 350/2019 (15/11/2019) que rechazó la solicitud de inclusión de los matriculados bajo la Ley N° 7191 en el portal “Compra Transparente”, y para ordenar medidas cautelares que permitan su inclusión sin requerir matriculación en el Colegio creado por la Ley N° 9445.
¿Qué se resolvió?
No hacer lugar a la acción de amparo; imponer costas a la parte actora; y regular los honorarios de los letrados de las partes y del tercero interesado en 40 Jus (equivalente a $1.916.507,20.- a la fecha), a cargo de la parte actora, con plazo de pago de 30 días desde la firmeza y los intereses indicados en el fallo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "La vía intentada procede únicamente frente a un acto u omisión que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución..." (punto 17.2).
2) "El análisis de la presente acción a la luz de las consideraciones expuestas evidencia que la parte actora no ha logrado poner de manifiesto la excepcionalidad y necesidad del caso para acudir a esta instancia judicial mediante la utilización de la acción de amparo." (punto 17.2).
3) "Dicho de otra manera, el CCPI no determina las incumbencias profesionales de quienes aspiran a ejercitar el corretaje inmobiliario en el territorio provincial; en cambio, se limita a corroborar que sean poseedores de un título universitario habilitante según las competencias y alcances fijados por cada institución de educación superior otorgante" (cita del T.S.J. en pleno, citada en punto 17.2).
4) "Se trata, pues, de una herramienta de consulta y verificación destinada al público, y no de un registro habilitante. En efecto, la restricción que la actora invoca no nace de la Resolución N° 350/2019 sino de la Ley N° 9445, que es la que subordina el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en el territorio provincial a la inscripción en la matrícula del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios." (punto 17.5).
¿Cómo votaron los jueces?
Los tres votos (Dra. Puigdellibol, Dra. Sosa y Dra. Heredia) adhieren a la solución adoptada; no hay disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 4.915 de CórdobaLey de amparo
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