ESPINO Daniel Sebastián c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Regulación de Honorarios - Ley 27.348
El actor promovió regulación de honorarios por actuación ante la SRT y en sede administrativa reclamó remuneración por la intervención letrada. La Cámara rechazó el recurso de apelación, confirmó la regulación practicada en grado y sostuvo la autonomía arancelaria entre la etapa administrativa y la judicial aplicando el art. 95 (primera parte) de la Ley 1.384.
¿Quién es el actor?
Dr. Sebastián Espino (parte actora recurrente en apelación).
¿A quién se demanda?
Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. / expediente originario contra la ART; pleito originado en trámite ante Juzgado del Trabajo Nº 2.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la regulación de honorarios fijados en sede administrativa por actuación ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Comisión Médica) y solicitud de que la base regulatoria y la actualización se computen de distinto modo para aumentar los honorarios; reclamaba la aplicación alternativa del art. 50 de la Ley 1.384 y actualización por RIPTE/BN según art. 14 Ley 24.557.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el profesional; se mantienen los criterios del a quo que fijaron los honorarios por la actuación administrativa sobre la base reconocida por la SRT; costas a la recurrente; además se regulan honorarios del letrado de la parte demandada en el 30% de lo que se le regule en instancia de grado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tales ocasiones, se especificó que rigen las pautas de la norma arancelaria local (LA) -aplicable por remisión directa del art. 37, Res. SRT N° 298/17- y que en su art. 99 dispone: 'En caso que, agotada la etapa extrajudicial o administrativa, se inicien acciones judiciales, los honorarios a regular y/o cobrar son independientes, debiéndose honorarios por cada etapa e instancia'."
"Por lo tanto, al darse acogida favorable a la pretensión del damnificado en la instancia administrativa -como en este caso- la base económica para el cálculo de los honorarios estará dada por las prestaciones reconocidas por la Superintendencia de riesgos del Trabajo (SRT) a través de una Comisión Médica (arts. 31 y 95, Ley (p) N° 1384)."
"V. Frente al marco jurídico descripto, debo concluir que la ley 1384 prevé para el presente caso, una autonomía regulatoria entre las etapas extrajudicial o administrativa y la judicial. Lo que a mi parecer obsta a considerar, en materia arancelaria, ambas etapas en forma conjunta como pretende el recurrente."
"VI. En cuanto a la actualización pretendida, el desmedro propio de la depreciación monetaria ocurrida entre el lapso en que concluyó la etapa administrativa ante la SRT y la demanda de regulación de honorarios, no puede ser admitida a la luz de lo dispuesto en las leyes 23.928 y 25.561 —cuya constitucionalidad fue reconocida por el STJ en el precedente Escobar—; máxime cuando la inactividad entre la finalización de la vía administrativa y la pretensión regulatoria sólo puede ser atribuida al propio interesado."
Texto del dispositivo:
"1º. RECHAZANDO el recurso de apelación deducido por la parte actora (id 603581).
2º. IMPONIENDO las costas a la vencida (art. 78.1 del CPCCLRyM)
3º. REGULANDO los honorarios del letrado de la parte demandada en el treinta por ciento (30%) de lo que se le regule en la instancia de grado.
4°. MANDANDO que se copie, registre, notifique, remita a la instancia de grado y cumpla."
¿Cómo votaron los jueces?
la sentencia contiene votos coincidentes de los Dres. Alejandro S. M. Fernández (fundamentado) y Daniel A. Sacks (adhiriendo en lo sustancial). No se registran votos en disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 27.348Riesgos del trabajo
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
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