JOFRE CELINA LUCIA c/ OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
La actora, beneficiaria de la obra social provincial, solicitó medida autosatisfactiva para obtener derivación, prótesis, órtesis y rehabilitación urgentes por discapacidad. La Cámara hizo lugar a la apelación y revocó la sentencia de primera instancia, concluyendo que existe alta probabilidad del derecho, urgencia impostergable y riesgo de daño irreparable que justifica la tutela autosatisfactiva.
¿Quién es el actor?
JOFRE CELINA LUCIA, afiliada y pensionada por discapacidad (R.U.P.E.), beneficiaria de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF/OSPTF).
¿A quién se demanda?
Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF/OSPTF).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Medida autosatisfactiva urgente para cobertura de derivación y traslado sanitario a Ciudad de Buenos Aires con alojamiento y acompañante; provisión inmediata de prótesis y órtesis prescriptas (prótesis de silicona para dedos, plantillas especiales, calzado ortopédico); reanudación del tratamiento de rehabilitación; cobertura integral al 100% sin copagos; y astreintes por incumplimiento.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora y se revocó la sentencia de primera instancia, concediéndose la medida autosatisfactiva en los términos del Considerando VI; sin costas en alzada; se regularon honorarios por 35% en la Alzada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La actora acompañó un certificado médico reciente (dic. 2024) donde su especialista en rehabilitación enfatiza la urgencia de proveer las prótesis y órtesis porque las que tenía están rotas y ya no sirven a su función. También surge que el tratamiento de rehabilitación quedó interrumpido desde agosto de 2024 por falta de insumos. Es decir, la paciente llevaba más de medio año sin el equipamiento necesario para su movilidad y terapia, lo cual en una persona con amputaciones múltiples supone un retroceso grave en su recuperación. Cada día sin rehabilitación activa implica pérdida de fuerza muscular, contracturas, aumento de la dependencia y del riesgo de complicaciones. Tales efectos difícilmente se reparen a posteriori con una medida tardía, pues se habrá perdido un tiempo vital en el proceso rehabilitador.
Esto se alinea con la noción de daño irreparable, pues no se trata solo del peligro de vida o muerte, sino de perjuicios a la integridad y funcionalidad de la persona. Por ende, el daño ya está ocurriendo."
"Entiendo que el estándar debe ser flexible y pro-persona, evaluando la magnitud del perjuicio en función de la persona afectada. Para alguien sin discapacidad quizás carecer de un elemento ortopédico no sea crítico, pero para la actora significa continuar postrada en gran medida. La falta de movilidad apropiada también puede derivar en complicaciones sistémicas por sedentarismo forzado. Todo esto configura ciertamente un daño grave.
A mayor abundamiento, la actora forma parte de un grupo especialmente protegido (discapacitados) donde rige el principio de prevención y anticipación del daño. La Convención de Discapacidad obliga a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas, para evitar que la persona sufra un detrimento mayor en su salud o su autonomía. Esperar pasivamente a que "termine el expediente administrativo" contradice ese mandato cuando hay claros indicios de deterioro en curso. La 'primordial consideración del interés' de la actora exigía actuar para mejorar su situación, no prolongar su padecimiento. En definitiva, del análisis integral de las circunstancias fácticas -tiempo transcurrido sin prestación, deterioro funcional, riesgo de caídas y lesiones, urgencia médica certificada y reconocida por la demandada- surge que sí había una urgencia impostergable."
Y del bloque dispositivo final:
"RESUELVE: 1º. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en su mérito revocar la sentencia definitiva, en los términos de lo manifestado en el Considerando VI. 2º. SIN COSTAS (art. 78.2 CPCCLRyM). 3º. REGULAR los honorarios de la letrada interviniente en esta Alzada en el treinta y cinco por ciento, porcentaje que deberá calcularse sobre los honorarios que se regulen en la instancia de grado (Art. 39 de la ley 1384). 4º. MANDAR que se copie, registre y notifique a la parte."
¿Cómo votaron los jueces?
decisión unánime. El juez Daniel Sacks preopinó y los jueces Alejandro Fernández y Aníbal G. Acosta adhieren íntegramente.
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