JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

RODRIGUEZ Cristian c/ Dirección Provincial de Energía s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El actor impugnó la revocación administrativa de su designación en planta permanente en la Dirección Provincial de Energía y solicitó su reincorporación. La Cámara de Apelaciones, por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la reincorporación del Sr. Cristian Rodríguez por violación del debido proceso administrativo y por inexistencia de fundamento válido para la revocatoria en sede administrativa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Fuero
CAMARA DE APELACIONES SALA CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO - DISTRITO JUDICIAL SUR (USHUAIA) (PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)
Jurisdicción
Local · Tierra del Fuego
Expediente
1616/2024
Recurso de apelacion Designacion en planta permanente Revocatoria administrativa Debido proceso administrativo Convenio colectivo cct 36/75 Ley (p) 141 art. 113 Expectativa legitima Reincorporacion Costas Honorarios

¿Quién es el actor?

Sr. Cristián Rodríguez (DNI 36.942.714).

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Energía (D.P.E.) de la Provincia de Tierra del Fuego.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución DPE nº 136/20 que revocó la designación del actor en planta permanente (orig. Res. DPE nº 776/19) y orden de reincorporación con pago de salarios caídos (petición de salarios declarada inadmisible en grado).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar al recurso de apelación (Expte. Nº 1616/2024) y se revocó la sentencia de primera instancia (A-031515), ordenando la reincorporación del actor en la misma categoría y cargo que ostentaba; las costas se impusieron a la demandada y se fijaron honorarios para los letrados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el caso, emerge claro que la solución dictada en la instancia de mérito se sentó sobre este criterio jurisprudencia! al juzgarse que el vicio resultaba manifiesto y conocido por el actor. Ello así, dado que se limitó el estudio de la cuestión a dilucidar en la potestad de la accionada para revocar el acto en su propia sede (art. 113 LPA); pero sin observancia de la cabal participación impuesta por la garantía del debido proceso adjetivo a favor del Sr. Rodríguez."

"La CIDH, última interprete de los tratados y convenciones suscripto por los Estados parte, ha fijado un estándar interpretativo basado en que '... Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos ...' (CIDH., 'Baena Ricardo y otros Vs. Panamá', C. 124/127, sentencia del 2-2-2001)."

"Un breve repaso por las actuaciones administrativas acompañadas con la causa, da cuenta que la Res. DPE 136/2020 se dictó sin brindarle al interesado oportunidad de intervención previa en defensa de sus derechos (art. 18 CN), aun cuando se le atribuyó el conocimiento del vicio; requisito este último que se volvió trascendental para avanzar en la revocación del acto que lo designó como planta permanente. Esa situación, patentiza que existió afectación directa a garantías que debían ser resguardadas a través del debido proceso adjetivo. Por consiguiente, la omisión antes apuntada resultó a todas luces contraria al orden jurídico vigente que violenta los principios que informan el procedimiento para su dictado y destruye la juridicidad de la Res. DPE nº 136/2020."

"De acuerdo a lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso de apelación abordado, revocar la sentencia de grado por los motivos aquí desarrollados y hacer lugar a la demanda deducida por el Sr. Cristian Rodríguez y, en su mérito, ordenar su reincorporación en la Dirección Provincial de Energía, en la misma categoría y cargo que ostentaba con anterioridad al dictado del acto administrativo anulado."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría (Jueces Aníbal G. Acosta y Alejandro S. M. Fernández) votaron por hacer lugar al recurso y revocar la sentencia por vulneración del debido proceso administrativo y por haberse dictado la revocatoria sin oír al interesado pese a que el acto ya había generado derechos subjetivos en vías de cumplimiento. En disidencia, el Juez Daniel A. Sacks propuso confirmar la sentencia de primera instancia y rechazar la apelación, sosteniendo que el acto administrativo adolecía de vicio manifiesto y que la administración estaba facultada a revocar en sede administrativa (voto por rechazar el recurso y confirmar).

Datos procesales relevantes: Sentencia del 1º de septiembre de 2025; Expte. Juzgado del Trabajo Nº 2: 643/21; Alzada: Expte. Nº 1616/2024; Sent. de grado A-031515; escritos E-854227 (apelación) y E-873593 (réplica).

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