AUSTRAL SERVICIOS GENERALES S.A.S C/ AGUILERA SORAIRE GRISEL ROMINA S/ CONSIGNACION
La trabajadora demandó por diferencias salariales e indemnizatorias y la jueza de primera instancia le otorgó $249.822,98 más intereses, aplicando el CCT Nº 130/75. La Cámara rechazó la apelación por inapelabilidad por monto (art. 272.2 CPCCLRyM), confirmó la solución de mérito y condenó en costas a la empleadora.
¿Quién es el actor?
Grisel Romina Aguilera Soraire (trabajadora).
¿A quién se demanda?
Austral Servicios Generales S.A.S. (empleadora).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
diferencias salariales e indemnizatorias derivadas de la relación laboral; además la empleadora promovió acción de consignación.
¿Qué se resolvió?
La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación por no superar el monto previsto en el art. 272.2 del CPCCLRyM, rechazó el planteo de inconstitucionalidad y confirmó la solución de la instancia de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda por $249.822,98 (con integración de mes de despido incluida por la anterior instancia), impuso costas a la demandada y reguló honorarios (35% para la parte trabajadora y 30% para la asistencia técnica de la recurrente).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes del fallo (texto original):
"I.- La instancia pretérita, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Grisel Romina Aguilera Soraire y condenó a la empleadora a abonar la suma de $249.822,98, comprensiva de diferencias salariales e indemnizatorias, con más los intereses previstos por el art. 55 de la Ley 27.802. Para así decidir, consideró aplicable a la relación laboral el CCT N° 130/75, correspondiente a empleados de comercio, al entender que el CCT N° 281/96 circunscribía su ámbito territorial a la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires y que las Resoluciones Nros. 450/2021 y 782/2007 no habían extendido la personería gremial del Sindicato de Obreros de Maestranza a Tierra del Fuego. Asimismo, admitió la acción de consignación promovida por la empleadora, tuvo por cumplida la obligación prevista en el art. 80 LCT e impuso las costas a Austral Servicios Generales S.A.S."
"En efecto, sobre el punto nuestro Superior Tribunal de Justicia se ha pronunciado concretamente en el precedente Leguina, en el que ha dicho '... En materia recursiva, y en el sentido interpretativo que propongo, puede acudirse a De Santo que sienta opinión respecto de estas normas procesales restrictivas en materia recursiva. Afirma que siendo los principios de celeridad y economía procesal vitales para la organización del servicio de justicia, el fundamento de la inapelabilidad en razón del monto de juicio, tratándose de recursos extraordinarios, radica en una determinada política legislativa tendiente a lograr una justicia que de una respuesta rápida a la pretensiones de los justiciables. Se preserva así a los máximos órganos del sistema, del posible colapso por la cantidad de causas a resolver. ( conf. De Santo, 'Tratado de los Recursos', Ed. Universidad, tomo 1, página pág.258 en ad.)…'"
"La limitación establecida por el artículo 272.2 del CPCCLRyM no aparece configurada como una sanción económica impuesta a la parte vencida, ni como un obstáculo arbitrario destinado a impedirle el acceso a la jurisdicción, sino como una condición objetiva de admisibilidad recursiva establecida por el legislador dentro del diseño del sistema procesal. Desde tal perspectiva, el cuestionamiento de la recurrente no puede prosperar sobre la sola base de que el límite pecuniario previsto por la norma restrinja, en el supuesto concreto, la posibilidad de acceder a la instancia de apelación. Esa consecuencia constituye, precisamente, el efecto propio de toda regla que delimita la procedencia de un recurso en función de la cuantía comprometida y, por sí misma, no permite inferir la existencia de una lesión constitucional."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Satini (voto ponente), Cappellotti y Gutierrez adhirieron formando mayoría unánime; no hubo disidencia relevante.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 27.802Ley de modernizacion laboral
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