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Cámara de Apelaciones

GONZALEZ, JULIO RUFINO c/ ASOCIART ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

Reclamó el actor reconocimiento de incapacidad por accidente de trabajo y actualización de la indemnización. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de grado que reconoció incapacidad del 6,10% y mantuvo las pautas de actualización e intereses aplicadas por la sentencia, imponiendo costas y regulando honorarios conforme al primer voto.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V
Fuero
NACIONAL DEL TRABAJO
Jurisdicción
Nacional · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CNT 047417/2025/CA001
Accidente de trabajo Incapacidad 6 10% Dnu 669/19 Art. 11 ley 27.348 Ripte Intereses Reformatio in pejus Honorarios Costas Camara nacional de apelaciones del trabajo

¿Quién es el actor?

González, Julio Rufino.

¿A quién se demanda?

ASOCIART ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamación por accidente en ocasión del trabajo ocurrido el 27/01/2025 y reconocimiento de incapacidad (liquidación indemnizatoria); además impugnaciones relativas a intereses y regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. Asimismo, impuso costas y reguló honorarios de ambas instancias conforme a lo propuesto en el considerando 3 del primer voto; ordenó las registraciones y notificaciones pertinentes y dejó constancia de la abstención del Dr. Enrique Catani (art. 125 L.O.).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que hace al tratamiento de la aplicación del DNU 669/19, debo decir que su finalidad fue modificar el régimen de actualización e intereses dispuesto en el art. 11 de la ley 27.348 (12 LRT) para aplicar una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. En tal contexto es claro que el referido decreto altera la cuantificación de las prestaciones obligacionales debidas y por ello no sólo debe analizarse los requisitos formales que atañen al decreto sino, además, los motivos desencadenantes del mismo, pues al existir inconsistencias en sus cadenas textuales, resulta inválido al control constitucional establecido en el art. 31 de la Carta Magna, sin que esta potestad se ejerza por encima del conjunto de reglas elaboradas por el Máximo Tribunal relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control. Como todo acto de gobierno, las facultades son limitadas en función de la razonabilidad del acto (cfr. art. 28 y 33 CN)."

"La premisa general es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un Tribunal de Justicia que debe considerarse como 'ultima ratio' del orden jurídico, de tal forma que únicamente debe recurrirse a ella cuando una estricta necesidad así lo requiera (Fallos, 264:51; 285: 322; 300: 1041 y 308:647 entre muchos otros) a la que sólo corresponde llegar una vez establecida su contradicción con los preceptos de la Ley fundamental (Fallos 296:117) y luego de haber demostrado el agravio en el caso concreto (Fallos, 302:166)."

"De tal forma, corresponde aplicar los parámetros del art. 11 de la ley 27.348 desde la exigibilidad del crédito y hasta su efectivo pago con más una capitalización conforme al art. 770 inc. b CCyCN (al momento de la notificación del recurso -29/10/2025-) en concordancia por la doctrina sentada por la CSJN en el caso 'CNT 2403/2016/1/RH1 – Oliva Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ despido'. Con este mecanismo si se hacen las operaciones matemáticas correspondientes al momento del dictado de la presente sentencia, se llega a la suma de $21.858.740,97, mientras que de aplicarse el índice Ripte más 3% anual desde la fecha del accidente hasta el día de la fecha, esa cifra alcanza a la suma de $21.178.417,80, lo que demuestra inexistencia de envilecimiento del crédito del trabajador, siendo que la tasa legal no desprotege el crédito en adecuada composición con la doctrina sentada por el Superior."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo voto en disidencia; se dejó constancia de que el Dr. Enrique Catani no votó por aplicación del art. 125 L.O.

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