Incidente Nº 1 - ACTOR: SESIN, ORIANA DEMANDADO: ANSES s/INC EJECUCION DE SENTENCIA
La actora promovió un incidente de ejecución de sentencia contra ANSeS para cobrar diferencias previsionales. El Juzgado aprobó la liquidación por $1.162.602,62 (período 09/08/2020–14/03/2021), rechazó las excepciones de la demandada e ordenó continuar la ejecución imponiéndole las costas.
¿Quién es el actor?
Sesin, Oriana (por apoderado).
¿A quién se demanda?
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incidente de ejecución de sentencia (art. 499 CPCCN) para cobrar diferencias reconocidas en sentencias firmes; aprobación de liquidación practicada por perito y ejecución de lo resuelto en autos.
¿Qué se resolvió?
Se aprobó, en cuanto por derecho hubiere lugar, la liquidación practicada el 28/07/2026 por la suma de $1.162.602,62 correspondiente al período 09/08/2020 al 14/03/2021; se rechazaron las excepciones opuestas por ANSeS; se mandó llevar adelante la ejecución para que la demandada abone las diferencias impagas; se impusieron las costas a la demandada; y se ordenó atenerse a lo dispuesto en fallo CFAR “PITUELLI, NORMA ELENA c/ ANSeS s/ ejecución previsional” (expte. 15823/2019) para el cumplimiento de la ejecución.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "Cabe advertir que toda vez que las partes han consentido el llamamiento de autos, han quedado también consentidas las eventuales nulidades procesales que hubieren podido alegarse en la etapa procesal oportuna. Primeramente he de encuadrar el tipo de proceso en el que se plantea la impugnación de la liquidación, y lo es dentro del marco de la ejecución de sentencia previsto por el art. 499 y ccs del CPCCN. Así pues, en términos generales, he de señalar que el debate se centra en torno a establecer el “quantum” del proceso ejecutivo, para fijar una suma líquida y determinada, el que como regla surge de la liquidación que, conforme lo establecen las sentencias dictadas en ambas instancias y que se encuentran consentidas y firmes en los presentes. Ahora bien, dado que la actora invoca que el ente administrativo le adeuda sumas, manifestando la demandada que el pago se encuentra en el correspondiente circuito, la presente ejecución judicial ha de circunscribirse entonces, a la comprobación de diferencias no satisfechas, procedo valorar la eficacia probatoria de la liquidación confeccionada por perito oficial. Aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas o inferibles de las circunstancias del caso de acuerdo a los hechos comprobados de la causa, reveladores de que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia o contradice el restante material probatorio objetivamente considerado (conf. Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, T. IV, pag. 720). Aunque las reglas de la sana crítica permiten establecer cuando el examen pericial debe ser estimado o dejado de lado por el tribunal, a los jueces les está vedado sustituir la opinión de los peritos por sus propios conocimientos técnicos, artísticos o científicos o rechazar la pericia correctamente fundada a la que no cabe oponer pruebas de igual o mejor fuerza de convicción. Cualquiera que sean los conocimientos que pueda tener el juez, éste no puede actuar como perito (Falcón, “Tratado de la prueba”, Bs. As., 2003, t. 2, pág. 85, 429; Palacio, “La prueba en el proceso penal”, Buenos Aires, 2000, p. 152). Cabe resaltar que, la liquidación practicada por el perito designado se ajusta a los parámetros descriptos en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, existiendo diferencias a favor del actor y que le deberán ser abonadas de conformidad con lo dispuesto en los pronunciamientos existentes y que aquí se ejecutan. En consecuencia, no existe razón para alejarme de las conclusiones arribadas, atento el aval de conocimientos que posee el técnico, que no hacen más que justificar su necesaria designación y cumplimentan con claridad y certeza los elementos que a través de la liquidación debe munirse al juzgador para esclarecer la verdad. Por otra parte, cabe resaltar que no solo es el informe de un perito sino que es un auxiliar de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por las normas que amparan la actuación de los funcionarios judiciales. Atento al resultado de la liquidación practicada resulta de aplicación lo previsto por los arts. 477 y 386 del C.P.C.C.N debiendo aprobarse en cuanto por derecho hubiere lugar la liquidación practicada en fecha 28/07/2026."
2) "SEGUNDO: Establecida la pauta prevista por el art. 502 del CPCCN, procederé a analizar las excepciones opuestas. Opone excepción de falta de acción resultando la misma improcedente atento lo acotado del marco cognoscitivo de la presente causa, ya que su admisibilidad se circunscribe a la falsedad de la ejecutoria a la que se refiere el art. 506 inc. 1 del CPCCN, en supuesto de falta de algunos de los requisitos del título, extremo que no se verifica en los presentes obrados, ello así por cuanto no se ha cuestionado la idoneidad jurídica de la decisión cuya ejecución se intenta. Con relación a la defensa de espera, la misma exige que se acompañe el documento del que ella emana (CNCiv. E, 09/05/80, ED. 88-722) y tal requisito de admisibilidad indica que el plazo mismo de la espera debe resultar también del instrumento que se acompaña (CNCCEsp, 4ª, 11.08.80, BCNECyC, 1981-700), circunstancias que no lucen acreditadas en autos, debiendo rechazarse la defensa articulada. Finalmente, en lo concerniente a las restantes cuestiones alegadas omito pronunciarme por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos, ajustándome en un todo al criterio de la C.S.J.N., en cuanto ha señalado que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio” Fallos 272:225; 274:113, otros."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registra disidencia; la resolución es dictada por la Dra. Natalia Analía Martínez como juez de 1ª instancia.
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Normas que cita
- CPCCNarts. 499, 502, 506 inc. 1, 477, 386, 68 · Codigo procesal civil y comercial de la nacion
- Ley 27.423arts. 16, 19, 20, 21, 29, 37, 41, 51, 2 · Honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia
- Ley 10.727 (Provincia De Santa Fe)art. 4 incs. d y e
- Ley 7054 (Provincia De Santa Fe)art. 31 a 40
- Ley 11.085 (Provincia De Santa Fe)arts. 27, 28, 42
- Ley 11.672 (Provincia De Buenos Aires)
- Acordada 10/2025 (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
- Resolución SGA 2622/26 (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Fallos que cita
- García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidadCSJN · Fallos 342:411
- García Blanco, Esteban c/ ANSeS s/ reajustes variosCFAR (Sala no indicada) · 06/05/2021
- Alazraki, Eric Ariel c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986CFAR (Sala no indicada) · 02/09/2021
- Calderón, Aníbal Norberto c/ Anses s/ Ejecución PrevisionalCFAR Sala A · 25/08/2022
- Pituelli, Norma Elena c/ ANSeS s/ ejecución previsionalCFAR · 02/03/2021
- Rueda, Orlinda c/ ANSeSCSJN · 15/04/2004
- Palacio, Lino (Derecho Procesal Civil, T. IV)
- Falcón, Tratado de la prueba
- Palacio, La prueba en el proceso penal
- Fallos 272:225CSJN
- Fallos 274:113CSJN
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