CAMINOS RICARDO GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Ricardo Gabriel Caminos, titular de la licencia de conducir nro 22.116.869 con vencimiento el 23 de septiembre de 2026, quien obtuvo turno municipal para renovar el 29 de septiembre.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de La Plata y Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del inciso 3 del art. 10 del Anexo II del Decreto Provincial nro 532/09 (reglamentario de la Ley 13.927) en cuanto impone como requisito para obtención o renovación de la licencia de conducir la inexistencia de deudas por infracciones de tránsito y la exigencia de certificado de libre deuda.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al amparo; se declara la inconstitucionalidad del inciso 3° del artículo 10 del Anexo II del Decreto Reglamentario (en el fallo citado como nro 543/2009); se ordena a la Municipalidad de La Plata habilitar al amparista a realizar los trámites de renovación sin exigir el pago previo de las multas ni el libre deuda; se imponen las costas a la Provincia de Buenos Aires; se regulan honorarios a favor del patrocinante en 20 Ius ($1.128.520,00) más aporte e IVA si corresponde.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la lectura del art 10 del Anexo II del Decreto Reglamentario 532/09 surge que: 'Los exámenes establecidos en el presente artículo son de carácter eliminatorio. Los reprobados en los exámenes teóricos y/o prácticos no podrán volver a rendirlos antes de los treinta (30) días posteriores. Los requisitos que la autoridad expedidora deberá requerir son: 1) Saber leer y escribir; 2) Encontrarse habilitado para la/s clases que solicita; 3) Tener libre deuda de infracciones de tránsito (...).' Respecto de esta última exigencia normativa, la actora plantea su inconstitucionalidad y centra su reclamo."

"A poco que se aborda la valoración del recaudo atacado se esboza inevitable la certeza de que la imposición reglamentaria en cuestión, que se erige como valladar para la posibilidad de conducir automóviles, en tanto implica un obstáculo insalvable para obtener una licencia -o renovación de la misma, en el caso- en nada se vincula con las exigencias de aptitud y capacidad para tal actividad, sino tan solo resulta contemplativa de una finalidad recaudatoria..."

"Y continuando con tal inteligencia, resulta irrazonable la imposición de regularizar el pago de multas por infracciones de tránsito, como recaudo agregado por el decreto reglamentario de la ley 13.927 (Ley de Tránsito); que esta no exige, cuando otra previsión de igual rango posibilita y resguarda el cobro de las sumas respectivas por los medios judiciales pertinentes -apremio y medidas cautelares- generando el precepto atacado una restricción equiparable a la inhabilitación sin ley que así la establezca... resultando violatoria del principio constitucional de razonabilidad. (art 28 de la CN), conduciendo en definitiva a la concreta afectación del derecho a la libre circulación."

"Paralelamente y atendiendo a la naturaleza del impedimento, además de irrazonable, aparece claramente discriminatorio. En efecto, resulta así violatorio del principio de igualdad consagrado por los arts 16 y 75 inc 19 de la Constitución Nacional, al posibilitar que un deudor de escasos recursos económicos no pueda acceder a la renovación de su licencia..."

"Por los fundamentos expuestos entonces, he de propiciar la admisibilidad de la acción traída, declarando la inconstitucionalidad de la norma atacada; cuadrando en consecuencia ordenar la habilitación del trámite intentado por el amparista, debiendo la autoridad administrativa pertinente ajustarse -en su caso- a los procedimientos y vías judiciales existentes para el cobro de la multa que eventualmente registre el Sr Ricardo Gabriel Caminos."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo es de instancia única (Juez Enrique Alberto Gorostegui) y el dispositivo final confirma la solución expresada en los considerandos.