GALVEZ, HECTOR ALBERTO c/ A.N.S.E.S. s/EJECUCIÓN PREVISIONAL

¿Quién es el actor?

Héctor Alberto Gálvez.

¿A quién se demanda?

A.N.S.E.S.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución previsional para determinar y cobrar haberes jubilatorios actualizados, retroactivos impagos y reajustes; impugnación de actuaciones del organismo y pretensiones relacionadas con la aplicación de normas (entre ellas declaraciones de inconstitucionalidad de normas y exención de impuesto a las ganancias). Montos señalados en primera instancia: haber actualizado a marzo de 2022 en $77.878,16 y retroactivos por $2.095.957,40; ANSES había abonado previamente $23.622,76 más interés de $168.450,16.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó la sentencia de fecha 10/02/2023 en cuanto a las declaraciones de inconstitucionalidad, dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley N° 27.426 y del art. 55 de la Ley N° 27.541 y de los Decretos dictados en consecuencia, dejando a salvo el derecho del reclamante de formular las peticiones que estime pertinente por la vía de conocimiento; impuso las costas de grado por su orden; confirmó la planilla de liquidación aprobada en autos en todo lo demás que decide y fue motivo de agravios; e impuso las costas de la Alzada en el orden causado, regulando honorarios por la actuación de la parte actora en el 30% de lo estimado en la instancia inferior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“...la liquidación a practicarse en esta etapa constituye solo una mera comprobación matemática y no jurídica sobre la condena fijada en las sentencias dictadas en autos en donde se establecieron los lineamientos con arreglo a derecho que debían configurar las pautas de la liquidación final. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el único cuestionamiento válido podrá consistir en que la liquidación que se impugne se ha apartado de las directrices del pronunciamiento firme, sin que sea admisible una revisión de las pautas que fueron establecidas al momento de juzgar la cuestión debatida.”

“...la liquidación es el acto procesal mediante el cual, sobre las bases de las pautas establecidas en la sentencia, se determina aritméticamente la suma que debe afrontar el vencido, debiendo ser aprobada por el juez, tornando cierto lo que debe percibir el ejecutante…”

“Por lo tanto, corresponde modificar la sentencia impugnada y, en consecuencia, dejar sin efecto las declaraciones de inconstitucionalidad aludidas, dejando a salvo el derecho de la reclamante de formular las peticiones que estime pertinente por la vía de conocimiento.”

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en la parte resolutiva; la decisión es colegiada y el acuerdo modifica la sentencia de grado conforme se transcribe.