JUAREZ, DIEGO RODOLFO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA (425)

¿Quién es el actor?

Asesoría de Incapaces N°2 Departamental y la titular del Ministerio Pupilar solicitaron la adecuación de la sentencia y la realización de nueva evaluación interdisciplinaria y dictado de nueva sentencia conforme al nuevo Código Civil y normas de salud mental.

¿A quién se demanda?

Diego Rodolfo Juarez (causante).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Determinación/adecuación de la capacidad jurídica del causante y establecimiento de medidas de apoyo acordes a la Ley 26657, el C.C. y C. y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿Qué se resolvió?

Se restringe la capacidad jurídica de Diego Rodolfo Juarez únicamente para determinados actos (administración y disposición del patrimonio; actos relacionados con el derecho a la salud; gestiones administrativas; intervención por sí en procesos judiciales/administrativos). Se mantiene y confirma la designación de SAUCEDO, IRMA TERESITA como persona de apoyo con facultades de representación para esos actos, con obligación de solicitar autorización judicial para actos de disposición/administración extraordinaria y de rendir cuentas anuales. Se ordenó revisión en un plazo máximo de tres años y seguimiento semestral por Trabajadora Social.

Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes y citas textuales relevantes, en el lenguaje del tribunal):

III.- "Que, del informe psicológico / psiquiátrico practicado por el Equipo Técnico del Juzgado de Familia Departamental que luce agregado mediante presentación electrónica de fecha 07/08/2026, surge que el diagnóstico del causante resulta ser 'Retraso Mental Moderado. Fecha aproximada en que se manifestó la enfermedad: En la primera infancia. Pronóstico: Reservado' (sic). Que, en cuanto a sus facultades conservadas y comportamiento en la vida cotidiana se expuso que el mismo 'puede desarrollar habilidades sociales, de comunicación y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero puede necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. Contando con apoyos adecuados, puede vivir satisfactoriamente en la comunidad familiar o en establecimiento supervisado, pero no puede vivir solo. Se traslada independientemente por lugares familiares, pero no puede conducir ningún medio de transporte motorizado. No sabe leer ni escribir, no conoce la fecha actual ni identifica la hora en un reloj. No conoce el valor del dinero, por lo que no puede cobrar, ni administrar ni percibir por sí mismo un salario o beneficio provisional (jubilación/pensión). Tampoco puede efectuar compras o ventas que resulten necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas de subsistencia (alimentación, vestimenta, higiene, medicamentos, transporte, esparcimiento). No puede contraer obligaciones contractuales que comprometan su futuro patrimonial tales como hipotecas, créditos o compra/venta de inmuebles o muebles registrables. No conoce los alcances del matrimonio ni de votar ni ser votado. Puede atender a su propio cuidado personal, en cuanto a aseo y alimentación, requiriendo de supervisión para otro tipo de tarea. Actualmente no realiza tratamiento psiquiátrico, ni psicológico. Ante dolencias de índole médico clínicas concurre al CAPS del barrio Otero, no toma ningún medicamento. Pero no puede cumplir por sí mismo con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen, ni puede presentar consentimiento informado para el suministro de medicación y/o la realización de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y/o médicos que se le propongan, para ello requiere de la figura de apoyo.' (sic)."

VI.- "Que, así las cosas, debo señalar que de la apreciación del material probatorio agregado en autos en su conjunto - informe psicológico / psiquiátrico, socio - ambiental y de la entrevista de contacto personal con el causante -, puede concluirse el diagnóstico del mismo y que, por dicha dolencia, el ejercicio de su plena capacidad puede generar un perjuicio a su persona o a sus bienes. Entonces, entiendo que lo más beneficioso es mantener la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica de DIEGO RODOLFO JUAREZ únicamente para los siguientes actos: a) actos de administración y disposición del patrimonio: contraer créditos, constituir hipotecas, efectuar cesiones, donaciones, celebrar contratos y realizar cualquier acto de administración, b) actos relacionados con el ejercicio del derecho a la salud, c) realización de gestiones administrativas, y d) para intervenir por sí mismo en los procesos judiciales y/o administrativos en los que sea parte. Para dichos actos, corresponde establecer un sistema de apoyo en los términos del art.12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de los arts. 32, 38, 43 y 101 del Código Civil y Comercial, a los fines de que a través de la comprensión y la confianza, DIEGO RODOLFO JUAREZ pueda tomar toda decisión válida que haga a su derecho y al ejercicio pleno de su personalidad jurídica."

Dispositivo (extracto resumido del fallo):

1) Restringir la capacidad jurídica de DIEGO RODOLFO JUAREZ (DNI 31.364.106, nac. 15/12/1984).

2) Prohibición/limitación únicamente para: a) administrar y disponer bienes por actos entre vivos (créditos, hipotecas, cesiones, donaciones, contratos y actos de administración); b) actos relativos a la disposición del cuerpo/ salud que impliquen riesgo; c) gestiones administrativas; d) intervenir por sí en procesos judiciales/administrativos.

3) Mantener a SAUCEDO, IRMA TERESITA (DNI 16.061.876) como persona de apoyo con facultad de representación para los actos señalados, con el compromiso de promover la autonomía y solicitar autorización judicial para actos patrimoniales que afecten el interés del causante.

4) La persona de apoyo debe solicitar autorización judicial para actos de disposición o administración extraordinaria.

5) Autorizar a SAUCEDO a percibir la pensión del causante, con rendición de cuentas anual (art. 130 C.C. y C.).

6) Revisar la sentencia en un plazo máximo de tres años y reevaluar al causante antes de ese plazo (arts. 40 y 47 C.C. y C.).

7) Intervención de Trabajadora Social cada seis meses para informar sobre cumplimiento del régimen de apoyo.