Monteleone, Juan Carlos c/Municipalidad de Tres Arroyos s/Demanda contencioso administrativa
El actor impugnó la rescisión de la concesión del Balneario Camote en Dunamar y reclamó nulidad del acto y daños y perjuicios. La Corte, por mayoría, anuló los decretos 872/1997 y 1101/1997 por ilegítimos y condenó a la Municipalidad de Tres Arroyos a pagar $5.000 por temporada como lucro cesante, con intereses.
¿Quién es el actor?
Juan Carlos Monteleone, concesionario del Balneario Camote en Dunamar.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Tres Arroyos.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del decreto 872/1997 (rescisión de la concesión) y del decreto 1101/1997 (rechazo de la revocatoria), reposición en la concesión y pago de daños y perjuicios (lucro cesante).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar a la demanda; se declararon nulos por ilegítimos los decretos impugnados y se condenó a la Municipalidad a abonarle al actor $5.000 por cada temporada veraniega en que no pudo explotar la concesión, desde la rescisión hasta el vencimiento del contrato; más intereses. Se difirió la regulación de honorarios hasta la firmeza de la liquidación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"d. Sin embargo, luego de compulsadas las actuaciones administrativas se llega a la convicción de que asiste razón al actor al tachar de ilegítimo al decreto rescisorio. Es que, la primera ocasión en que la Municipalidad se refiere a incumplimientos del concesionario data de fecha 18 de abril de 1997, con firma del Director de Turismo (fs. 40). Allí expresa que 'la prestación de los servicios del balneario Dunamar no responde a las exigencias del pliego de bases y condiciones', que 'el concesionario no ha cumplido con la ordenanza 3380/92, relacionado con la obligación de proveer un guardavidas particular', y que el actor 'no se presentó a abonar el canon que le correspondía de acuerdo al contrato firmado'. Mas en las actuaciones que se cumplieran con posterioridad a la indicada no ha podido hallarse ninguna intimación cursada al concesionario del balneario, haciéndole conocer tales imputaciones con anterioridad al dictado del decreto rescisorio (conf. fs. 46)."
"f. Tiene dicho este Tribunal que la rescisión de un contrato administrativo resulta ajustada a derecho: (a) si de las constancias administrativas surgen informes técnicos y dictámenes legales fundados en los antecedentes de la causa, y (b) si tal medida fue adoptada como culminación de un procedimiento, sin defectos de forma, en el cual tomó participación el cocontratista (conf. doct. causa B. 55.092, 'Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tigre', sent. de 22-III-2000). Según resulta de los apartados precedentes, ninguno de tales requerimientos se encuentra presente en el sub lite para brindar sustento a la defensa de la demandada. No surge siquiera de las actuaciones administrativas que la accionada haya practicado verificaciones o inspecciones en las obras objeto de la concesión, y que, como consecuencia de ellas, haya detectado incumplimientos imputables al concesionario, lo haya intimado a remediarlos y -ante la inacción voluntaria de éste- haya impulsado un proceso rescisorio del vínculo contractual. Entiendo, pues, que ausentes en el sub examine las mínimas garantías exigidas por doctrina de esta Corte para los procesos rescisorios de contratos administrativos, los actos impugnados adolecen de ilegitimidad por lo que procede su anulación en esta sede."
Bloque dispositivo final (mayoría):
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar a la demanda interpuesta, se anulan por ilegítimos los actos impugnados y se condena a la Municipalidad de Tres Arroyos a abonarle al actor, señor Juan Carlos Monteleone, la suma de pesos cinco mil por cada una de las temporadas veraniegas en las que éste no pudo explotar la concesión, a partir del acto que dispuso la rescisión y hasta el vencimiento del plazo del contrato oportunamente suscripto entre las partes. Las sumas devengadas deberán ser abonadas con intereses, que serán liquidados de acuerdo a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago..."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue adoptada por mayoría. Los jueces Soria, Negrí, Pettigiani, Hitters, de Lázzari, Genoud y Kogan participaron; en la cuestión de la cuantificación hubo divergencia: el voto de mayoría fijó $5.000 por temporada (voto del Dr. Negrí y adh.) mientras que los jueces que votaron la improcedencia del lucro cesante (Soria, Pettigiani, Genoud, Hitters en parte) estuvieron en minoría respecto a ese punto, pero la anulabilidad de los decretos y la declaración de ilegitimidad obtuvo la mayoría. (El bloque dispositivo final refleja la solución mayoritaria).
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