Huertas Diaz, Carlos A. c/Municipalidad de Chascomús s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando dejar sin efecto los decretos municipales que dispusieron su cesantía y su reincorporación. La Corte hizo lugar parcialmente: anuló los decretos 1646/1997 y 197/1998 por falta de motivación y desproporción, ordenó la reincorporación y que la autoridad reapruebe disciplinariamente en 30 días.
¿Quién es el actor?
Carlos Alberto Huertas Diaz.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Chascomús.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad de los decretos 1646/1997 y 197/1998 que dispusieron su cesantía como médico del Hospital Municipal de Chascomús; reincorporación; indemnización por daños materiales y morales; intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda. Se anulan los decretos 1646/1997 y 197/1998; se ordena la reincorporación del actor a su empleo dentro de treinta días y que la autoridad administrativa ejerza de nuevo, y fundadamente, la potestad disciplinaria dentro del plazo de treinta días hábiles; la cuestión indemnizatoria queda postergada hasta resolución del nuevo sumario administrativo. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Las circunstancias comprobadas de la causa, así como la aplicación de los principios y normas antes referidos, conduce a la declaración de ilegitimidad de los actos administrativos cuya anulación se pretende en autos. En atención a lo expuesto, corresponde hacer lugar, parcialmente, a la demanda, acogiendo su pretensión anulatoria, lo que importa invalidar los decretos 1646/1997 y 197/1998, emanados del Intendente municipal de Chascomús, a fin de que dicha autoridad ejerza, esta vez dentro del razonable marco de discreción establecido por las normas aplicables, por medio del dictado de un nuevo acto administrativo y, fundadamente, su potestad disciplinaria... dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente (art. 77 inc. g, Ord. Gral. 267/1980)."
"La anulación de los actos impugnados supone, a la vez, el acogimiento de la pretensión de restablecimiento de la situación subjetiva conculcada, mediante la reincorporación del actor en el empleo del que fue ilegítimamente privado, dentro del plazo de treinta días (arts. 163 y 215, Const. prov.)."
Asimismo, el Tribunal fundamentó la nulidad en: la ausencia de motivación adecuada del acto sancionatorio, la desproporción de la sanción (exceso de punición) y el desconocimiento del dictamen de la Asesoría Letrada municipal que proponía solución menos gravosa. En ese sentido el voto expresa: "El acto sancionador resulta ilegítimo e irrazonable. Lo primero, por carecer de la debida motivación (arg. art. 108, proemio e inc. 'c', Ord. Gral. 267/1980); lo segundo, en la medida en que, aparte de tal falencia, revela un exceso de punición que se exhibe desproporcionado..."
¿Cómo votaron los jueces?
Mayoría unánime (Drs. Soria, Negri, de Lázzari, Salas y Roncoroni) votaron por hacer lugar parcialmente; de Lázzari formuló una aclaración doctrinal respecto de un precedente pero adhirió al voto mayoritario.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó el recurso de aclaratoria, confirmando que el plazo de treinta días se aplica tanto a la reincorporación como a que la Municipalidad ejerza nuevamente la potestad disciplinaria.
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