Oliveros, Roberto Daniel contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa.
El actor promovió demanda contencioso administrativa para que se declare la nulidad de las resoluciones 1.522/01 y 468/02 que le impusieron suspensión y cargo patrimonial. La Corte rechazó la acción: declaró ajustada a derecho la tramitación sumarial y la calibración de la sanción y cargo patrimonial, concluyendo que no hubo arbitrariedad ni violación del debido proceso.
¿Quién es el actor?
Roberto Daniel Oliveros (fallecido; continuó la acción su viuda Julia Elena Di Santo como heredera).
¿A quién se demanda?
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de las resoluciones 1.522/01 (suspensión de 30 días y formulación de cargo patrimonial) y 468/02 (rechazo del recurso de revocatoria); reintegro de remuneraciones dejadas de percibir; indemnización por daño moral U$S 15.000; y otras costas/honorarios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda. La Corte entendió que el procedimiento sumarial se ajustó a las normas aplicables, que las conductas atribuidas al agente quedaron acreditadas y encuadradas en el régimen disciplinario, y que la autoridad administrativa actuó con razonabilidad al imponer la sanción y el cargo patrimonial.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta."
"En el caso, los hechos se encuentran debidamente acreditados en la instrucción sumarial, asimismo, las irregularidades imputadas fueron adecuadamente encuadradas en el tipo infraccional previsto en el reglamento, por último, la demandada efectuó la elección de la sanción en base a la calificación jurídica previa."
"De lo hasta aquí señalado, se desprende que la tarea desarrollada por el sumariante no merece objeciones."
"Así las cosas, al señor Oliveros le fue impuesta una sanción correctiva y un cargo patrimonial, como consecuencia de un procedimiento sumarial en cuya tramitación fueron observadas adecuadamente y con regularidad las etapas previstas normativamente; fue notificado de cada una de ellas, pudiendo tomar la debida intervención en las actuaciones, que se plasman sobradamente en los antecedentes administrativos traídos al Tribunal."
"Voto por la negativa."
(Se consignan como decisorias las consideraciones sobre la suficiencia probatoria de la instrucción, la legitimidad de la resolución 1.522/01 y su confirmatoria 468/02, y la facultad reglamentaria del Banco para formular cargo patrimonial en los términos del Reglamento de Disciplina y la resolución 2.128/98).
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